LA OPORTUNIDAD QUE NACE DE LA CRISIS

 

Después de 51 días de bloqueos que dejaron una profunda huella en la economía, la política y la sociedad boliviana, el país comienza lentamente a recuperar la normalidad. Sin embargo, como enseña un antiguo proverbio chino, toda crisis encierra también una oportunidad.

Por ello, más que seguir discutiendo si el gobierno de Rodrigo Paz debió tomar una u otra medida, conviene mirar hacia adelante. Ese debate podrá quedar para los historiadores. Lo verdaderamente importante es comprender que el escenario político ha cambiado y que hoy el gobierno dispone de una oportunidad que difícilmente volverá a repetirse.

Paradójicamente, el desgaste político acumulado por quienes promovieron y sostuvieron los bloqueos parece ser mayor que el costo asumido por el propio gobierno. Esa circunstancia le devuelve la iniciativa política y le permite impulsar reformas que antes habrían encontrado una resistencia mucho más intensa.

La primera tarea debería ser la institucionalización del Estado, durante años, las principales entidades públicas han permanecido bajo autoridades interinas, convertidas en dependencias sujetas a decisiones políticas antes que técnicas. El Banco Central de Bolivia, YPFB, ENDE, la Aduana Nacional, el Servicio de Impuestos Nacionales y muchas otras instituciones necesitan recuperar estabilidad, profesionalismo y autonomía.

No debe olvidarse que una de las principales promesas de campaña fue precisamente acabar con esa lógica de improvisación mediante autoridades designadas por mérito y no por afinidad política. Cumplir ese compromiso enviaría un mensaje claro: el nuevo gobierno no pretende administrar el viejo modelo heredado, sino reemplazarlo por instituciones fuertes e independientes.

Probablemente muchos de los problemas que el país ha enfrentado en estos primeros meses —desde la polémica por la calidad de los combustibles hasta el manejo de las "narco-maletas", las contradicciones sobre los billetes siniestrados o la falta de coordinación entre distintas reparticiones públicas— no habrían alcanzado semejante magnitud si las instituciones involucradas hubieran contado con autoridades estables y con capacidad técnica para tomar decisiones sin depender permanentemente del poder político.

Pero la institucionalización no debe limitarse al Poder Ejecutivo, otra decisión impostergable es completar las acefalías existentes en los máximos tribunales de justicia.

En el caso del Tribunal Constitucional Plurinacional, la solución es perfectamente viable. Después de más de un año y medio funcionando únicamente con cuatro magistrados, corresponde impulsar en la Asamblea Legislativa una ley que habilite la incorporación de los magistrados suplentes. La propia Constitución Política del Estado, en el artículo 197, parágrafo II, prevé expresamente que los suplentes asumirán funciones "por ausencia del titular o por otros motivos establecidos por ley". Precisamente, la falta de magistrados titulares constituye uno de esos supuestos que el legislador puede desarrollar sin vulnerar el texto constitucional.

La situación del Tribunal Supremo de Justicia es diferente y considerablemente más compleja, intentar cubrir únicamente las dos vacantes existentes mediante un nuevo proceso de preselección legislativa y elección popular implicaría un enorme costo económico y, sobre todo, profundizaría una anomalía institucional. Bolivia terminaría consolidando dos generaciones distintas de magistrados elegidos en momentos diferentes, pese a que la Constitución establece un mandato uniforme de seis años.

Esa distorsión difícilmente puede corregirse sin una reforma parcial de la Constitución, que permita reorganizar el calendario electoral judicial o, incluso, replantear integralmente el actual sistema de designación de magistrados, cuyas deficiencias han quedado ampliamente demostradas durante los últimos años.

Las crisis dejan heridas, pero también crean ventanas de oportunidad. La historia demuestra que los grandes cambios casi nunca nacen en tiempos de tranquilidad, sino después de los momentos más difíciles.

A menudo, los gobiernos suelen administrar la crisis en lugar de transformar las instituciones. Desperdiciando así las coyunturas favorables para el cambio.  Rodrigo Paz tiene hoy la posibilidad de aprovechar el momento político para cumplir sus compromisos, fortalecer el Estado y sentar las bases de una administración menos dependiente de la improvisación y del cálculo partidario, porque, como acertadamente dijo Winston Churchill, "Nunca dejes que una buena crisis se desperdicie"