Gustavo Blacutt Alcalá

  La nueva Ley de Estado de Excepción corrige varios defectos de la llamada Ley Copa, pero deja sin resolver dos cuestiones fundamentales que podrían determinar el éxito o fracaso de su aplicación: la ausencia de un verdadero fuero militar y policial y la falta de mecanismos eficaces para neutralizar a quienes promueven procesos de desestabilización del país. La recientemente aprobada Ley de Estado de Excepción, que reemplaza a la Ley 1341 de 2020, corrige varios de las debilidades de la “Ley Copa” ya que fortalece la capacidad operativa del Estado frente a situaciones de conmoción interna, amenazas a la seguridad nacional o desastres naturales. Sin embargo, una ley no debe evaluarse únicamente por cómo corrige la anterior, sino por su capacidad para responder a los desafíos reales que enfrenta el país, y es precisamente en este aspecto donde se observa sus mayores debilidades. La primera gran omisión es la falta de un verdadero fuero militar y policial para quienes intervienen en ...

  Después de casi un mes de bloqueos, cercos, violencia y pérdidas millonarias, corresponde formular una pregunta incómoda pero necesaria: ¿qué resultados concretos ha producido la estrategia del diálogo impulsada por el gobierno? La respuesta es tan evidente como preocupante: los resultados han sido catastróficos para Bolivia y beneficiosos para quienes impulsan los bloqueos. Mientras el país pierde millones de dólares, se paraliza la producción y se debilita la institucionalidad democrática, los sectores movilizados han comprobado que la presión, el cerco y el bloqueo continúan siendo mecanismos eficaces para imponer su voluntad al Estado. Lo que debía ser una estrategia de pacificación terminó fortaleciendo a quienes apuestan por la confrontación.   El conflicto comenzó con la exigencia de derogar la Ley 1720 de Conversión Voluntaria de Pequeña Propiedad a Mediana Propiedad. Sin embargo, desde el primer momento era evidente que la ley no era el verdadero problema. Detrás de...

  Cuando el bloqueo sustituye al voto y la presión reemplaza al debate democrático, el Estado tiene la obligación constitucional de defender el orden institucional. El estado de excepción no es un capricho autoritario: es la última herramienta de defensa de la democracia frente a la asfixia política y social. Bolivia vive hoy una situación límite. La sede de gobierno se encuentra cercada por bloqueos que han dejado de ser simples mecanismos de protesta para convertirse en instrumentos de presión destinados a paralizar al país. Lo que parecía una reivindicación indígena, sindical o sectorial se ha transformado en una estrategia de coerción colectiva orientada a forzar decisiones políticas por fuera de los mecanismos democráticos. Las consecuencias son visibles en cada barrio y en cada mercado. El abastecimiento está colapsando, los precios se disparan, las farmacias enfrentan escasez de medicamentos y las filas por combustible se multiplican. En una ciudad cuya geografía depende de ...

  El presidente Rodrigo Paz Pereira acaba de anunciar, en el denominado “Encuentro por el País”, un paquete de diez leyes, una reforma parcial de la Constitución Política del Estado y la creación de una comisión encargada de impulsar dicha reforma. Más allá de las medidas concretas anunciadas, el hecho político verdaderamente relevante es que empieza a instalarse en el debate nacional una realidad que durante años muchos intentaron evitar: Bolivia atraviesa una profunda crisis de su sistema político y ninguna solución duradera será posible sin una transformación estructural de las bases institucionales del Estado. La crisis boliviana no es únicamente económica. Tampoco se reduce a la mala administración pública o a los errores coyunturales de determinados gobiernos. La verdadera crisis es más profunda: se trata del agotamiento del modelo político e institucional diseñado por la Constitución de 2009, un modelo que progresivamente debilitó la institucionalidad republicana, fragmentó ...

  Una revisión impostergable del modelo económico constitucional En un artículo anterior señalé que uno de los desafíos estructurales que deberá asumir cualquier gobierno posterior al ciclo del MAS es, sin duda, la reforma de la Constitución Política del Estado. Si bien una reforma total sería lo deseable, en la coyuntura actual resulta más realista concentrar los esfuerzos en aspectos prioritarios, como son el tema económico, jurídico y político. En esta oportunidad, corresponde precisar cuáles deberían ser las reformas urgentes, particularmente en el ámbito económico, donde el diseño constitucional vigente revela profundas limitaciones para el desarrollo del país. Desde una perspectiva crítica, la actual Constitución contiene una concepción económica marcadamente ideologizada, que responde a postulados del denominado socialismo del siglo XXI y a una visión comunitarista que ha terminado por restringir el dinamismo productivo, debilitar la institucionalidad económica y generar un ...

  La postergación de la reforma constitucional no es un problema técnico, sino una señal de vacilación política en la conducción del Estado. Uno de los desafíos estructurales que debía asumir cualquier gobierno posterior al ciclo del MAS era, sin lugar a dudas, la reforma de la Constitución Política del Estado. No se trata de un asunto accesorio ni de una agenda secundaria: es el eje sobre el cual descansa la posibilidad de reconstruir institucionalidad, restablecer equilibrios de poder y generar condiciones reales para el desarrollo. Por ello, en distintos momentos se formularon propuestas respecto a cómo encarar dicha reforma, cuándo hacerlo y cuáles debían ser sus contenidos esenciales. Las rutas de la reforma En cuanto a los mecanismos, se delinearon tres alternativas claramente diferenciadas. La primera consistía en impulsar reformas parciales aprovechando una eventual mayoría calificada de dos tercios en la Asamblea Legislativa. La segunda proponía la convocatoria a una Asamb...