Gustavo Blacutt Alcalá

  La propuesta de elegir a los magistrados suplentes del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) mediante una ley transitoria de interinatos ha desatado un profundo enfrentamiento en la Asamblea Legislativa. Por un lado, las bancadas oficialistas impulsan esta medida; por el otro, bloques opositores — particularmente de la Alianza Libre — rechazan categóricamente que estas autoridades sean nombradas de manera excepcional. En su lugar, han presentado un proyecto de ley para convocar a elecciones judiciales parciales con el fin de cubrir las vacancias, al tiempo que plantean avanzar hacia una reforma constitucional que modifique el cuestionado sistema de elección del Órgano Judicial. El vicio de la inconstitucionalidad La pretendida ley transitoria de interinatos es, a todas luces, inconstitucional. Su aplicación vulneraría directamente los artículos 182 y 198 de la Constitución Política del Estado (CPE). En el caso específico del TCP, la ...

  La solicitud del presidente del Tribunal Supremo de Justicia de destinar el 5% del Presupuesto General del Estado al Órgano Judicial ha reabierto un viejo debate. Sin embargo, la verdadera pregunta no es cuánto dinero necesita la justicia, sino si más recursos, por sí solos, pueden resolver los graves problemas que arrastra el sistema judicial boliviano. La amenaza del presidente del Tribunal Supremo de Justicia de paralizar las actividades del Órgano Judicial si no se incrementa su presupuesto hasta el 5% del Presupuesto General del Estado y no se aprueban determinadas leyes ha instalado un debate que merece ser analizado con criterios técnicos y no únicamente políticos. Es posible que la justicia requiera mayores recursos económicos. Sin embargo, fijar un porcentaje del presupuesto sin una justificación técnica resulta difícil de sostener. Ninguna institución pública debería definir su financiamiento mediante porcentajes arbitrarios, sino en función de objetivos, necesidades re...

  Después de 51 días de bloqueos que dejaron una profunda huella en la economía, la política y la sociedad boliviana, el país comienza lentamente a recuperar la normalidad. Sin embargo, como enseña un antiguo proverbio chino, toda crisis encierra también una oportunidad. Por ello, más que seguir discutiendo si el gobierno de Rodrigo Paz debió tomar una u otra medida, conviene mirar hacia adelante. Ese debate podrá quedar para los historiadores. Lo verdaderamente importante es comprender que el escenario político ha cambiado y que hoy el gobierno dispone de una oportunidad que difícilmente volverá a repetirse. Paradójicamente, el desgaste político acumulado por quienes promovieron y sostuvieron los bloqueos parece ser mayor que el costo asumido por el propio gobierno. Esa circunstancia le devuelve la iniciativa política y le permite impulsar reformas que antes habrían encontrado una resistencia mucho más intensa. La primera tarea debería ser la institucionalización del Estado, duran...

  Después de cincuenta días de bloqueos, muertos, escasez, pérdidas económicas y un país secuestrado por la violencia política, el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) anunciaron un acuerdo que pretenden vender como una victoria del diálogo. Sin embargo, basta leerlo con atención para descubrir una verdad incómoda: los únicos ganadores son los que utilizaron el conflicto como instrumento de poder. El único perdedor fue el pueblo boliviano. El acuerdo firmado entre el gobierno y la Central Obrera Boliviana no representa una solución al conflicto, sino una capitulación del gobierno. El Ejecutivo asume compromisos, crea comisiones, se obliga a responder a una extensa lista de exigencias, en 90 días. La COB, en cambio, no asume compromiso alguno. No se compromete a evitar futuros bloqueos, ni a respetar la libre circulación, ni a condenar la violencia, ni a reparar los daños causados. El desequilibrio es evidente: una de las partes debe rendir cuentas; la otra, solo presenta un...

  La aplicación de la ley y la protección de los derechos fundamentales no son conceptos opuestos. Sin embargo, en Bolivia se ha extendido una narrativa que confunde deliberadamente la comisión de delitos con la vulneración de derechos humanos, debilitando la autoridad del Estado y distorsionando el verdadero sentido de las garantías constitucionales. En los últimos años se ha instalado en el debate público una idea tan difundida como equivocada: que toda acción estatal orientada a restablecer el orden constituye automáticamente una violación de derechos humanos. Bajo esta lógica, la detención de una persona que comete un delito, la intervención para desbloquear una carretera o la ejecución de medidas destinadas a garantizar el cumplimiento de la ley son denunciados como violación de los derechos fundamentales. Nada más alejado de la realidad. El Estado de derecho y la democracia descansan sobre un principio elemental: la vigencia de la Constitución y de las leyes. Sin orden jurídi...

  La nueva Ley de Estado de Excepción corrige varios defectos de la llamada Ley Copa, pero deja sin resolver dos cuestiones fundamentales que podrían determinar el éxito o fracaso de su aplicación: la ausencia de un verdadero fuero militar y policial y la falta de mecanismos eficaces para neutralizar a quienes promueven procesos de desestabilización del país. La recientemente aprobada Ley de Estado de Excepción, que reemplaza a la Ley 1341 de 2020, corrige varios de las debilidades de la “Ley Copa” ya que fortalece la capacidad operativa del Estado frente a situaciones de conmoción interna, amenazas a la seguridad nacional o desastres naturales. Sin embargo, una ley no debe evaluarse únicamente por cómo corrige la anterior, sino por su capacidad para responder a los desafíos reales que enfrenta el país, y es precisamente en este aspecto donde se observa sus mayores debilidades. La primera gran omisión es la falta de un verdadero fuero militar y policial para quienes intervienen en ...