La falsa señal de independencia judicial

 

La reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia de revisar la detención preventiva de Luis Fernando Camacho, Marco Pumari y Jeanine Áñez —medida que posteriormente se amplió a todos los detenidos preventivamente en el país— ha generado un intenso debate político y jurídico. Para algunos analistas y sectores ciudadanos, este acto representa un cambio en la conducta del Órgano Judicial, e incluso se lo ha llegado a interpretar como una señal de recuperación de su independencia frente al poder político.

Sin embargo, la lectura objetiva de los hechos revela una realidad muy distinta. Si bien la decisión ofrece un respiro a quienes se encuentran injusta y arbitrariamente privados de libertad, atribuirle un significado de autonomía judicial resulta apresurado y, en muchos aspectos, equivocado. Más bien, este episodio confirma con claridad la profunda dependencia estructural que existe del sistema judicial boliviano respecto del poder político.

El cálculo político detrás de la medida

El primer dato revelador es que la revisión de la detención preventiva no surgió como una política general, sino como una medida inicial dirigida únicamente a tres personajes políticos de alto perfil. No se trató de un acto jurídico neutral, sino de una decisión política cuidadosamente calculada. El gobierno conocía que cualquier nueva administración opositora —que resultara vencedora en las elecciones— iba a liberar a Camacho, Pumari y Añez. Ante esa certeza, el oficialismo optó por adelantarse y capitalizar el efecto simbólico de una liberación que era inevitable.

En otras palabras, lo que primó no fue la justicia, sino la conveniencia política: arrebatar a los próximos mandatarios la posibilidad de presentarse como los garantes de la libertad de tres líderes opositores injustamente encarcelados. Con ello, el actual gobierno intentó asegurarse un rédito político, apropiándose de cinco minutos de gloria frente a la opinión pública.

Un silencio de ocho meses

El comportamiento del Tribunal Supremo de Justicia también es revelador. Los magistrados tuvieron más de ocho meses para disponer la revisión de las detenciones preventivas de los tres líderes opositores, pero no lo hicieron. Solo actuaron después de confirmarse el contundente resultado electoral que marcó la derrota del MAS. Si la voluntad de independencia hubiera sido genuina, la medida se habría adoptado inmediatamente después de la posesión de las nuevas autoridades judiciales, sin esperar el veredicto de las urnas. Ese tiempo de espera es, por sí misma, es una prueba de subordinación.

La presión ciudadana como detonante

La torpeza institucional del Tribunal Supremo se evidenció, además, en la forma de ampliar la medida. La revisión general de las detenciones preventivas no fue una iniciativa propia, sino una reacción a la presión ejercida por los demás detenidos y por sus familiares, que exigieron igualdad de trato. En otras palabras, la disposición que ahora se presenta como una medida de alcance nacional no nació de una convicción jurídica, sino de la necesidad de responder a la presión social para evitar el descrédito.

Un patrón histórico de sumisión judicial

Lo ocurrido no es un hecho aislado. La trayectoria reciente del Órgano Judicial boliviano muestra un patrón claro de sometimiento al poder político. Durante el gobierno de Evo Morales, los magistrados avalaron una tercera y luego una cuarta reelección inconstitucional, llegando incluso al extremo de declarar que la reelección indefinida era un “derecho humano”. Tras la crisis política de 2019, reconocieron de inmediato la constitucionalidad del gobierno de Jeanine Añez, para luego retractarse con la llegada de Luis Arce al poder, impulsando los casos “Golpe I” y “Golpe II” y procesando a la expresidenta mediante un juicio ordinario, cuando correspondía un juicio de responsabilidades. La anomalía fue tan evidente que los mismos magistrados, tiempo después, admitieron la irregularidad del proceso.

Este zigzagueo jurídico, que cambia según el signo político del gobernante de turno, demuestra que la justicia boliviana no responde al imperio de la ley, sino a las necesidades coyunturales del poder.

La verdadera lección

La conclusión es ineludible: lo sucedido no constituye una señal de independencia, sino una muestra más de un sistema judicial funcional al poder político. El episodio evidencia que las decisiones judiciales en Bolivia no surgen del análisis jurídico, sino del cálculo político.

Por ello, más que celebrar lo ocurrido como un síntoma de independencia, debemos asumirlo como un recordatorio de la urgencia de una reforma profunda y estructural. Bolivia necesita un rediseño constitucional que reconfigure el rol del Órgano Judicial. No podemos seguir con un modelo institucional que convierte a los jueces en legitimadores de los caprichos del político de turno.

Hacia una verdadera independencia

La justicia debe dejar de ser un instrumento al servicio del poder y convertirse en la principal garantía de la democracia, de las libertades públicas y de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Ello exige un nuevo diseño institucional que blinde al sistema judicial de la manipulación política y que garantice que los magistrados actúen en función de la ley y no de las conveniencias partidarias.

Hasta que ese cambio no ocurra, cualquier decisión como la reciente —por más positiva que pueda parecer en lo inmediato— no será sino un espejismo: una falsa señal de independencia en medio de un sistema que, en su esencia, sigue siendo rehén del poder político.