¿Puede una ley ser, al mismo tiempo, legítima e ilegítima?

 En el debate político boliviano es frecuente escuchar que una determinada ley es "legal, pero ilegítima". La frase suele pronunciarse con absoluta seguridad y termina convirtiéndose en el argumento definitivo para defender o condenar una norma. Sin embargo, detrás de esa aparente certeza existe una profunda confusión conceptual.

En realidad, discutir si una ley es legítima o ilegítima, como si ambas condiciones fueran excluyentes, constituye un falso debate.

Desde Aristóteles se ha sostenido que "todo lo legal, en cierto modo, es justo". Sin embargo, reducir el análisis de una ley únicamente a su justicia o injusticia significa observar apenas una parte del problema. Toda norma jurídica posee tres dimensiones inseparables: la legal, la axiológica y la sociológica. Comprenderlas permite entender por qué muchas discusiones públicas terminan girando en círculos.

La primera es la dimensión legal, que responde a una pregunta estrictamente jurídica: ¿la norma está vigente o no? Pero además analiza si es constitucional, si contradice otras disposiciones, si existen vacíos normativos, si corresponde aplicar una ley especial o una norma preferente. Es el ámbito propio del Derecho positivo.

La segunda es la dimensión axiológica, es decir, la legitimidad de la ley. Aquí ya no se discute su existencia jurídica, sino los valores morales, éticos y principios que justifican —o cuestionan— su contenido.

Precisamente en este punto nace la mayor confusión. Una ley nunca es absolutamente legítima ni absolutamente ilegítima, una ley es, al mismo tiempo, legítima e ilegítima. Mientras la ley exista, convivirán argumentos éticos que la defienden y argumentos éticos que la rechazan. Sus partidarios encontrarán razones para justificarla; sus detractores tendrán fundamentos igualmente sólidos, desde su propia escala de valores, para combatirla.

Por ello, afirmar que una ley es simplemente legítima o ilegítima resulta intelectualmente insuficiente. Toda norma genera adhesiones y rechazos porque las sociedades democráticas están integradas por ciudadanos que no comparten necesariamente los mismos valores.

Basta observar algunos temas particularmente sensibles. Quienes defienden la legalización del aborto consideran ilegítima una legislación que lo prohíba y lucharán por modificarla. Quienes sostienen la posición contraria harán exactamente lo mismo si la ley cambia de sentido. Lo que para unos representa un avance moral, para otros constituye un retroceso ético. La controversia nunca desaparece; simplemente cambian los protagonistas.

Existe, finalmente, una tercera dimensión que suele olvidarse: la legitimación.

A diferencia de la legitimidad, que pertenece al terreno de los valores, la legitimación es un fenómeno sociológico. Se refiere al grado de aceptación que una ley obtiene dentro de la sociedad. Una norma puede ser perfectamente válida desde el punto de vista jurídico y, al mismo tiempo, ser rechazada por la mayoría de los ciudadanos. Del mismo modo, puede gozar de un amplio respaldo social aun cuando continúe siendo objeto de profundas críticas morales.

Cuando coinciden la legalidad, la legitimidad y la aceptación mayoritaria de la ciudadanía, estamos frente a una situación de legitimación plena. La ley no solo es válida, sino que además es considerada justa por una parte importante de la sociedad y cuenta con respaldo ciudadano suficiente para sostenerse en el tiempo.

Pero también puede ocurrir lo contrario. Existen leyes formalmente vigentes que sobreviven únicamente gracias al poder político que las sostiene, mientras la mayoría de la población las desaprueba. En esos casos, la norma conserva su legalidad, continúa generando el debate moral propio de toda ley, pero pierde su legitimación social. Es decir, se encuentra deslegitimada ante la ciudadanía.

Por ello, cuando en el debate público se afirma que una ley es "legal pero ilegítima", en realidad se mezclan conceptos distintos. La verdadera pregunta no debería limitarse a si la ley es legítima o ilegítima - porque toda ley es objeto permanente de controversia moral que genera pretensiones contrapuestas de legitimidad – la verdadera pregunta es si conserva respaldo ciudadano suficiente para mantener su vigencia.

Distinguir entre legalidad, legitimidad y legitimación no es un ejercicio meramente académico. Es una herramienta indispensable para comprender el funcionamiento del Estado de Derecho y para evitar que el debate político sustituya el análisis jurídico por simples consignas.

Solo cuando diferenciamos estos tres conceptos podemos discutir las leyes con mayor rigor y, sobre todo, con mayor honestidad intelectual.