El debate
sobre una reforma constitucional gana fuerza en Bolivia. Políticos, analistas y
ciudadanos coinciden en que la actual Carta Magna, impuesta por el MAS, se ha
convertido en un cerrojo que impide resolver la crisis económica, política y
social. Sin embargo, el camino hacia una nueva Constitución enfrenta obstáculos
políticos y temporales que obligan a buscar salidas de emergencia
Los muros
invisibles de la Constitución
La
convicción de que Bolivia necesita una transformación constitucional profunda
ya no es un rumor en los pasillos del poder. Se ha instalado en el discurso
público como una certeza: el marco constitucional vigente, heredado del ciclo
político del MAS, se ha convertido en una jaula de hierro para cualquier intento
de solución estructural. No se trata de una percepción aislada; legisladores,
expertos, periodistas y voces ciudadanas coinciden en que cada problema grave
que aqueja al país topa, invariablemente, con un artículo que bloquea cualquier
alternativa distinta a la receta estatista de los últimos veinte años.
Basta un
recorrido por los artículos más controversiales para comprender la magnitud del
laberinto. Si se busca aliviar las interminables filas de vehículos con la
libre importación de hidrocarburos, aparecen los artículos 359 y 361, que
reservan al Estado —a través de YPFB— el monopolio de la comercialización. Si
se anhela una justicia independiente y eficaz, el artículo 182 impone un modelo
de selección de autoridades por voto popular que, en sus tres ensayos, ha
resultado un fracaso estrepitoso. Si se pretende abrir la puerta a la inversión
extranjera, el artículo 320 y sus correlativos priorizan la inversión nacional
y vedan el arbitraje internacional, condenando a los inversionistas a
tribunales locales cuestionados. Y si se busca recomponer la crisis de
representación política, el sistema de agrupaciones ciudadanas departamentales
y municipales, paralelo a la representación nacional, fragmenta el liderazgo y
erosiona la confianza ciudadana.
El dilema
de la Asamblea Constituyente: tiempo, política y consensos
Ante esta
realidad, la mayoría de las voces críticas coinciden en que una reforma
cosmética —de tres o cuatro artículos, o incluso de algunos capítulos— resulta
insuficiente. Lo que se requiere, afirman, es una nueva Constitución Política
del Estado. No solo para redefinir el rumbo económico y social, sino para
refundar el pacto de convivencia: establecer con claridad los derechos
fundamentales, las obligaciones y garantías, y diseñar un sistema de pesos y
contrapesos que limite el poder y asegure su separación e interdependencia.
Sin
embargo, ese diagnóstico choca de inmediato con la realidad política. Una nueva
Constitución implica convocar a una Asamblea Constituyente, y ahí aparece el
primer gran escollo: no hay tiempo ni músculo político para semejante empresa.
Se necesitaría un acuerdo nacional sin precedentes entre partidos, órganos de
poder y sociedad civil organizada. No basta con un liderazgo mesiánico
—inexistente hoy—, sino con una voluntad colectiva que, en el actual clima de
polarización, parece un espejismo.
Las
urgencias, mientras tanto, no esperan. La inflación, el desempleo, la
inseguridad jurídica y el descontento social presionan con cronogramas que no
admiten el lujo de un proceso constituyente prolongado. Así, el debate se
desplaza hacia un terreno intermedio: ¿es posible avanzar sin la Asamblea?
La ruta de
la reforma parcial: un primer paso con pies de plomo
Bajo esas
tres premisas —necesidad de cambios profundos, coyuntura adversa y tiempos
limitados—, emerge una estrategia pragmática: reformas parciales que, sin
alcanzar el ideal, permitan desbloquear las urgencias más apremiantes. En esa
línea, dos propuestas han captado la atención: la del excandidato presidencial
Tuto Quiroga y la del diputado de Unidad, Dr. Alarcón. Ambos han presentado
sendos proyectos de modificación acotada de la Constitución, entendiendo que el
momento exige concreción antes que perfección. Estas iniciativas, que serán
analizadas en detalle en próximas entregas.
Pero hay un
elemento adicional que merece subrayarse: el Poder Ejecutivo ha renunciado al
liderazgo de este proceso. Ese vacío ha sido llenado por el escenario
parlamentario, y quizás eso sea una buena señal. Al trasladar el debate al
Legislativo, se reduce el riesgo de que la reforma se convierta en un
plebiscito sobre la gestión gubernamental, contaminando el fondo con la
coyuntura.
La
asignatura pendiente: institucionalizar el debate
Una carencia que salta a la vista, es la
necesidad de crear un espacio institucional que sistematice, recopile,
promocione, debata y socialice las diferentes iniciativas de modificación de la
CPE. Y esa ausencia no es menor.
Porque el problema de las reformas constitucionales
en Bolivia no es solo político, es también metodológico. Las propuestas nacen,
se anuncian en conferencias de prensa, se debaten en redes sociales y luego
mueren en el olvido o en el cortoplacismo de la coyuntura. No hay un mecanismo
que les dé continuidad, que las cruce, que las contraste, que las someta a
escrutinio público más allá del titular de turno. Y eso, en un país donde la
desconfianza hacia la clase política es moneda corriente, convierte cualquier
intento de cambio en sospechoso de elitista o parcializado.
Por eso vale la pena sugerirlo: un organismo
dependiente de la Asamblea Legislativa, técnico y participativo, que asuma la
tarea de ordenar el debate. No para sustituir la voluntad política, sino para
darle un piso mínimo de seriedad y transparencia. Que las propuestas no sean
solo ocurrencias de unos pocos, sino insumos de un proceso amplio, democrático
e inclusivo. Al fin y al cabo, si algo ha demostrado la historia reciente, es
que los cambios impuestos desde arriba solo profundizan las fracturas. Y si no
se hace, el debate seguirá siendo lo que es hoy: un rumor prometedor que nunca
termina de cuajar.
Conclusión:
el desafío de lo posible
Bolivia
enfrenta un dilema histórico: reformar su Constitución sin romper el frágil
equilibrio político, y hacerlo con la velocidad que exige la crisis.
La reforma constitucional, en este contexto, no será la
refundación que muchos anhelan ni el fin de los problemas que nos aquejan.
Será, a lo sumo, un ajuste de emergencia, pero mientras la Asamblea
Constituyente sea un sueño inviable, ese ajuste, es lo único que nos queda.
Asumirlo con honestidad, sin falsas expectativas ni retórica triunfalista, es
quizás el primer paso para no seguir engañándonos. El resto, como siempre,
dependerá de si como sociedad estamos a la altura de las urgencias o preferimos
seguir administrando la decadencia.
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