Dos mandatos y basta: el poder también necesita límites

 

Continuando con el análisis de las propuestas de reforma parcial de la Constitución planteadas por Tuto Quiroga, llegamos al artículo 168, referido a la reelección presidencial.

Este artículo ya fue sometido a referendo constitucional durante el gobierno de Evo Morales. La pregunta planteada a los bolivianos fue si aprobaban o rechazaban la reforma que permitía la reelección continua del presidente y vicepresidente por dos veces consecutivas. El resultado fue claro: el 51% de los votantes rechazó la reforma.

Sin embargo, mediante la Sentencia Constitucional 0084/2017, de 28 de noviembre de 2017, se declaró el supuesto derecho humano de Evo Morales y Álvaro García Linera a la reelección indefinida.

La propuesta de Tuto Quiroga pretende cerrar definitivamente esa puerta. Su texto establece que el presidente y vicepresidente podrán ser reelegidos una sola vez, de manera continua o discontinua, pero que en ningún caso podrán superar los diez años de ejercicio de la función.

La primera parte de la propuesta me parece correcta. Establecer expresamente que la reelección solo puede producirse una vez, sea de manera continua o discontinua, elimina una de las principales zonas de ambigüedad que fueron utilizadas políticamente para intentar justificar nuevas candidaturas.

Pero existe un problema en la segunda parte.

La frase que establece que, “en ningún caso”, se podrán superar los diez años de ejercicio puede generar más problemas de interpretación de los que pretende resolver. ¿Qué ocurre si un vicepresidente asume la Presidencia por sucesión constitucional y permanece tres años en el cargo, para después ser elegido por otros cinco? ¿Cuántos años le quedarían? ¿Qué sucede con quien renuncia antes de concluir su segundo mandato?

Son situaciones que pueden parecer hipotéticas, pero precisamente una Constitución debe redactarse pensando también en los escenarios excepcionales. Una norma constitucional no debería sembrar futuras controversias cuando existe una fórmula mucho más sencilla: nadie puede ser reelegido más de una vez.

 

Aquí aparece, además, una contradicción que merece ser debatida.

Varios candidatos a la Presidencia, incluido el actual presidente Rodrigo Paz, plantearon durante la campaña que debía prohibirse la reelección presidencial y limitar el mandato a un solo periodo. El propio Tuto Quiroga defendió anteriormente esa posición. El 6 de febrero de 2020 presentó incluso un proyecto de ley que establecía que el mandato presidencial y vicepresidencial sería de cinco años, improrrogable y por una sola vez.

¿Por qué, entonces, ahora se propone una reelección?

La respuesta no debería depender de quién ocupa circunstancialmente el Palacio Quemado. Las reglas constitucionales deben diseñarse para limitar el poder, no para favorecer o perjudicar a una persona concreta.

Nuestra historia demuestra que la reelección presidencial ha sido, en distintos momentos, una fuente de conflictos políticos. El caso de Hernando Siles Reyes es uno de los ejemplos más conocidos. Su intención de buscar un segundo mandato, cuando la Constitución de 1880 no lo permitía, terminó desencadenando una crisis política que culminó con su renuncia y con el posterior golpe de Estado de Carlos Blanco Galindo.

Por eso, la discusión no debería reducirse a si un buen presidente merece continuar.

En una democracia liberal, ningún gobernante debe ser indispensable. Si un gobierno fue bueno, sus políticas, instituciones y resultados deberían poder continuar bajo nuevas autoridades elegidas libremente por los ciudadanos. La democracia no puede depender de la permanencia indefinida de una persona.

La alternancia no significa premiar a un mal gobierno ni castigar a uno bueno. Significa recordar que el poder pertenece a los ciudadanos y no al gobernante.

Por eso considero acertada la intención de impedir una segunda reelección, pero innecesariamente compleja la fórmula de los diez años. La Constitución debe ser clara, sencilla y resistente a interpretaciones interesadas.

Una regla debería bastar: cinco años de mandato y una sola reelección, continua o discontinua. Después, el poder debe cambiar de manos.

Porque una democracia sólida no se construye buscando que el gobernante permanezca más tiempo, sino construyendo instituciones capaces de funcionar cuando ningún gobernante sea indispensable.