Gobierno del Poder Judicial: el escudo protector de la independencia judicial

 

Una de las propuestas planteadas por Jorge Tuto Quiroga y la alianza LIBRE en el marco de las reformas parciales a la Constitución es la eliminación del Consejo de la Magistratura y la transferencia de sus competencias al Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, la cuestión fundamental no debería ser simplemente suprimir una institución cuestionada, sino determinar qué estructura institucional puede garantizar una justicia independiente, eficiente y libre de presiones políticas.

El debilitamiento del Consejo de la Magistratura

El antecedente del actual Consejo de la Magistratura es el Consejo de la Judicatura, incorporado mediante las reformas constitucionales de 1994. Su creación respondió a un principio de especialización funcional: separar la administración de los recursos económicos y el control disciplinario de la función estrictamente jurisdiccional, liberando a la entonces Corte Suprema de Justicia de las tareas de gestión interna.

La Constitución de 2009 modificó sustancialmente este diseño institucional, reduciendo de cinco a tres sus integrantes y alterando sus competencias financieras, administrativas y disciplinarias. A ello se sumaron cuestionamientos sobre la gestión de los recursos humanos, denuncias de corrupción y problemas de independencia frente al poder político.

Estas deficiencias ayudan a explicar las propuestas de eliminación del Consejo, pero no demuestran que transferir sus competencias al Tribunal Supremo de Justicia sea necesariamente la solución. Concentrar funciones financieras, administrativas, disciplinarias y jurisdiccionales puede generar nuevos conflictos de intereses y riesgos de interferencia. La reforma debe resolver las causas del problema, no limitarse a trasladarlas de una institución a otra, como pretende Tuto y LIBRE.

La creación del Gobierno del Poder Judicial

En un artículo anterior propusimos la profesionalización de la carrera judicial como condición indispensable para fortalecer la independencia de jueces y magistrados. Sin embargo, esta medida resulta insuficiente si no existe una institución capaz de protegerlos frente a presiones externas. Por ello, planteamos la creación del Gobierno del Poder Judicial (GPJ), como máxima autoridad política y administrativa del Poder Judicial, sin jurisdicción ni competencia para administrar justicia.

El GPJ se constituiría en el verdadero órgano de dirección política del Poder Judicial, al ser la instancia responsable de formular e impulsar las políticas públicas destinadas a mejorar el funcionamiento del sistema judicial. Al mismo tiempo, asumiría la misión fundamental de convertirse en un escudo protector de la independencia judicial, defendiendo a jueces y magistrados de cualquier presión, intromisión o influencia indebida, sin ejercer jurisdicción ni intervenir en sus decisiones.

Sus integrantes no serían jueces, magistrados ni fiscales, sino profesionales de las áreas administrativa, financiera, tecnológica y de gestión pública. Sus atribuciones comprenderían la representación política, la representación institucional, la administración de recursos humanos y financieros, la formulación de políticas de gestión, el régimen disciplinario y la dirección de la carrera judicial.

Un escudo protector de la independencia judicial

Una de las funciones esenciales del GPJ sería proteger a los jueces de cualquier presión, intromisión, influencia, amenaza o incentivo indebido, provenga del poder político, económico o de cualquier otro ámbito.

Para ello, proponemos que las relaciones institucionales de los funcionarios judiciales con los demás órganos del Estado y otras entidades se canalicen a través del GPJ. Asimismo, el contacto directo de los jueces con litigantes, abogados, peritos, policías, testigos y terceros ajenos al tribunal debería estar sujeto a reglas estrictas, de modo que las comunicaciones relevantes para los procesos se produzcan por vías oficiales, transparentes y registrables, con conocimiento de las partes cuando corresponda.

El objetivo no es impedir las actuaciones legítimas que exige la administración de justicia, sino evitar contactos privados que puedan convertirse en mecanismos de presión, tráfico de influencias o acuerdos indebidos. El GPJ impulsaría políticas anticorrupción y herramientas tecnológicas de trazabilidad, control y auditoría para detectar irregularidades y prevenir posibles consorcios entre operadores de justicia y otros actores.

En el ámbito administrativo y financiero, gestionaría el presupuesto, los salarios, las contrataciones, la infraestructura y los recursos necesarios para el funcionamiento judicial, permitiendo que los jueces se concentren exclusivamente en impartir justicia.

Elección popular y responsabilidad política

Proponemos que el GPJ nacional esté integrado por un presidente y seis directores, con una estructura equivalente en cada departamento. Sus integrantes serían elegidos por voto popular, mediante candidaturas organizadas en planchas de cuatro ciudadanos. La primera mayoría obtendría la presidencia y dos direcciones; la segunda, dos direcciones, y la tercera, dos direcciones

A diferencia de los candidatos a cargos jurisdiccionales, los aspirantes al GPJ podrían desarrollar campañas electorales y presentar programas de gobierno. Al no tener competencia para resolver controversias ni dictar sentencias, podrían debatir abiertamente cómo reducir la mora judicial, mejorar el presupuesto, profesionalizar la carrera, modernizar los tribunales y combatir la corrupción, sin que esas propuestas constituyan por sí mismas un prejuzgamiento.

La elección popular permitiría a los ciudadanos comparar programas y exigir resultados. La representación plural favorecería el control cruzado, aunque requeriría reglas claras de transparencia, incompatibilidades, rendición de cuentas y mayorías para las decisiones fundamentales.

Una reforma estructural

La independencia judicial no se garantiza únicamente cambiando instituciones, sino estableciendo reglas que impidan su captura política y económica. Por eso, frente a la eliminación del Consejo de la Magistratura y la transferencia de sus competencias al Tribunal Supremo de Justicia, proponemos una alternativa: crear un órgano político y administrativo especializado, sin atribuciones jurisdiccionales, cuya misión central sea proteger la independencia de quienes imparten justicia.

No se trata simplemente de eliminar una institución, sino de construir un sistema en el que quienes administran la justicia no dependan de presiones externas y quienes gobiernan su estructura administrativa nunca puedan decidir cómo deben juzgar los jueces. Ese es el propósito del Gobierno del Poder Judicial.