CRISIS POLÍTICA AGRAVADA
Con la tercera repostulación de Evo Morales Ayma
empezó en Bolivia una crisis política,
cuyo carácter anómalo se agravó por el desconocimiento de los resultados del
Referéndum del 21 de febrero de 2016. La indignación unifico a los demócratas del país, despertando a las
nuevas generaciones y a las fuerzas vivas de la sociedad que se auto convocaron
como plataformas ciudadanas para salir a las calles a manifestar su malestar.
La
respuesta del gobierno a la movilización ciudadana fue trasladar el escenario
de la disputa por el poder de las calles a las urnas, adelantando
las elecciones de 2019. A
pesar de todos los esfuerzos del oficialismo, el voto útil o voto consigna jugó
un papel decisivo en favor de Comunidad
Ciudadana y demostró que la correlación de fuerzas había cambiado en favor
de los demócratas, pues la candidatura de Carlos Mesa derrotó en
las urnas la pretensión continuista de Morales. Entonces al MAS no le quedó otra opción que la de
implementar un fraude de proporciones escandalosas e imposible de ocultar.
En los 21
días que transcurrieron entre el 20 de octubre, día de las elecciones, y el 11
de noviembre, día de la renuncia de Evo Morales Ayma, la revuelta pacífica de
las “pititas” lograría la derrota y el desbande de las filas del autoritarismo.
Se estableció entonces un Gobierno de Transición para pacificar el país y
restablecer la institucionalidad democrática.
Sin
embargo, el anuncio de la candidatura de Añez contaminó el proceso de
transición y desvirtuó el mandato a su Gobierno para convocar a nuevas
elecciones, limpias y transparentes. A esta nueva situación se sumó la pandemia
del coronavirus que reorientó la gestión del Gobierno de Transición a enfrentar
la emergencia sanitaria y, más adelante, a atender los problemas económicos y
sociales derivados de la crisis sanitaria global.
En estas
graves circunstancias, el Gobierno de Transición subestimó la fuerza del
autoritarismo, tanto fuera como dentro de los propios órganos del Estado, y de
su capacidad de boicotear, sabotear y entorpecer las acciones del Gobierno. La
falta de un claro y decidido liderazgo, el hacer oídos sordos a los constantes
pedidos de la ciudadanía por la unidad hasta conformar un solo bloque político
llegó, incluso, al extremo de una falta absoluta de dialogo y de concertar
acuerdos al punto de provocar enfrentamientos en las filas de los demócratas
que bajo ninguna circunstancia justifican ese encono.
SOLUCIONES JURÍDICAS INVIABLES
La
ciudadanía, en su desorientación y desesperación por encontrar una salida a la
crisis política y ante la evidente falta de unidad de acción en las filas de
los demócratas, fue presa fácil de la demagogia, de las soluciones fáciles y de
los cantos de sirena. Algunos operadores políticos, bajo el membrete de
constitucionalistas, analistas y asesores, ofrecen soluciones jurídicas a los
problemas políticos.
Este
conjunto de operadores jurídicos ofrecen soluciones que van desde demandas de
inconstitucionalidad, denuncias de comisión de delitos, memoriales por doquier
y hasta hay quién ofrece el milagro de poner en vigencia la CPE de 1967 con un
simple decreto supremo. Lo peligroso de estas propuestas es que distraen la
atención de los verdaderos problemas del país, no toman en cuenta que el
sistema autoritario que heredamos está intacto y que las soluciones que
proponen no resuelven la crisis política. El Órgano Judicial está en
manos del autoritarismo que continua con las actuaciones dilatorias, tramposas
y maliciosas de la Fiscalía:
●
El caso del anuncio de
que se activaría el código rojo de la Interpol para detener al ex Presidente
Morales, sin cumplir con los requisitos legales que activan dicho código rojo.
●
La imputación a Evo
Morales Ayma por las llamadas telefónicas a sus secuaces. La Fiscalía desvía hábilmente la imputación hacia los delitos
de terrorismo y financiamiento al terrorismo; no
imputa por sedición, porque de hacerlo el Tribunal Supremo Electoral tendría la
obligación de cancelar la personería jurídica del MAS por su probada
participación en ese delito, tal cual establece el artículo 58 inc. J de la Ley
de Organizaciones Políticas.
El Órgano
Electoral en apariencia ya no responde al MAS, pero es muy funcional a su
necesidad de continuar participando en las elecciones y se sospecha que algunos
de sus miembros continúan siendo simpatizantes de ese partido. La difusión
ilegal de encuestas por parte de su candidato debería dar lugar a la inmediata
cancelación de la personería jurídica del MAS, hecho que pone a prueba al
Tribunal Supremo Electoral pues con base en los antecedentes jurisprudenciales
está en la obligación de aplicar el artículo 136 inc. III de la Ley de Régimen
Electoral.
En resumen,
la crisis política no ha sido resuelta y el autoritarismo está casi intacto,
aunque ciertamente neutralizado temporalmente.
SOLUCIONES POLÍTICAS EFECTIVAS
Por
consiguiente, la Plataforma “CIUDADANOS”
propone solucionar la crisis política con medidas políticas, en el entendido
fundamental de que el adversario a vencer continúa siendo el autoritarismo
implementado por el MAS. Para este fin, sugerimos convocar a una cumbre
política con la participación representativa de todas las fuerzas vivas del
país, a objeto de definir los siguientes aspectos:
1°
Compromiso de no agresión entre los candidatos opositores al MAS, ya que esta
agresión mutua solamente beneficia a la candidatura del autoritarismo.
2°
Enfrentar de manera unitaria todas las acciones desestabilizadoras y violentas
del MAS y apoyar al Tribunal Supremo Electoral para que haga cumplir la Ley del
Régimen Electoral, cancelando inmediatamente la personería jurídica del MAS.
3° La
definición de la fecha de las elecciones debe ser atribución exclusiva del
Tribunal Supremo Electoral, con base en un informe científico independiente.
4°
Coadyuvar y favorecer la decisión del voto mayoritario, asegurando la
estabilidad política, económica y social, y evitando la desestabilización del
gobierno elegido en democracia.
La Paz, 24
de julio de 2020.