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sábado, 30 de marzo de 2024

¿Por qué ignoramos a los indígenas?

 



En Bolivia, hay una realidad ignorada y es la realidad de los indígenas. La llegada de los españoles cambió radicalmente el ordenamiento jurídico político y social de lo que era el imperio incaico, la conquista española estuvo marcada por guerras, traiciones y contubernios de toda naturaleza entre los españoles y las autoridades y caudillos originarios, cuyo resultado fue el sometimiento de los indígenas por parte de los españoles.

Sin embargo, las relaciones de odios, traiciones, acuerdos, contubernios entre los indígenas y las elites españolas, luego criollas, luego señoriales y hoy mestizas continuó a lo largo de estos más de quinientos años de la historia de lo que hoy es Bolivia.

Un dato que resalta en todos estos encuentros o desencuentros es que todos los momentos de definición o momentos constitutivos (Zabaleta) siempre estuvieron marcados por el lugar que ocuparon los indígenas y el lugar que ocuparon las elites criollas, señoriales y mestizas, de esta manera, quienes lucharon en la guerra de la independencia de nuestro país como soldados rasos, fueron en su gran mayoría (por no decir en su totalidad) indígenas, sin embargo, quienes se hicieron del poder, fueron las elites criollas y los indígenas quedaron relegados e invisibilizados luego de la victoria.

Quienes lucharon en la guerra del pacífico, en la guerra civil, en la guerra del chaco como soldados rasos y la sub oficialidad fueron en su gran mayoría (por no decir en su totalidad) indígenas, sin embargo, quienes se quedaron en el poder con todos los derechos y privilegios de la victoria fueron las elites señoriales republicanas y los indígenas quedaron relegados e invisibilizados luego de las victorias.

La revolución del 52 rompe un poco dicha lógica y constituye el mayor intento de inclusión jurídica, política y social de los indígenas a la estatalidad republicana, en el ámbito jurídico la igualdad ante la ley y el reconocimiento de su ciudadanía fue su mayor legado, sin embargo, su concepción paternalista, no permitió avanzar en el reconocimiento de muchos derechos en favor de los indígenas y en especial el derecho a la propiedad de sus tierras quedaron limitados a un usufructo improductivo que mantiene en la más extrema pobreza al mayor sector social de nuestra sociedad. La revolución del 52 tuvo la virtud del reconocimiento de la ciudadanía, pero al mismo tiempo transformó al campesino de pongo de hacienda a pongo político, pues sus votos definen los resultados electorales en democracia.

La llegada del MAS al poder, significo la usurpación de la representación indígena en las instituciones de estado, que en su nombre instauró un régimen autoritario ligado a la ideología del socialismo del siglo XXI, que se jactaba de la estabilidad económica y la inclusión política como logro de su gobierno. Hoy la estabilidad económica y el blindaje de la economía hace aguas y la inclusión política es el resultado del reconocimiento de la ciudadanía en el 52 y de la ley de participación popular.

Lo único que queda del proceso de cambio es la usurpación de la representación indígena, por parte de personajes disfrazados de indígenas que desconectados de la realidad agraria nunca lucharon por las necesidades de los indígenas, ni cuestionaron la calidad usufructuarios de la tierra,  por lo que nunca demandaron la propiedad individual del solar campesino, al contrario son los más firmes impulsores de la propiedad colectiva de la tierra, que mantiene a los indígenas sometidos a los caprichos y voluntades de caciques, sindicalistas, jilakatas y poderosos de las comunidades indígenas, que en contubernio con los dirigentes masistas, conservan la calidad de pongos políticos al igual que el MNR, con la diferencia de que además de su instrumentalización en las elecciones, les han asignado el rol de bloqueadores, marchantes y chicoteadores de quien contradiga los postulados masistas.

A lo largo de nuestra historia la realidad de los indígenas ha sido abordado desde una visión racial, étnica o folclórica, que ha dividido a los bolivianos, entre aquellos que los desprecian y aquellos que los glorifican, esta polarización de sentimientos hacia los indígenas se debe a que ambos abordajes están llenos de prejuicios, recelos y desconfianzas, entonces para evitar ahondar este problema muchos o la gran mayoría ha optado por ignorar el tema y concentrar toda discusión en temas macro económicos, macro sociales o macro políticos, que invisibilicen la presencia indígena en cada tema.

Fernando Molina señala que uno de los mayores actos de racismo es la invisibilización de los indígenas, por ellos es fácil concluir que mientras ignoremos su presencia, o la veamos desde una visión racial, llenos de prejuicios y desconfianzas, seguirán siendo los “invisibles y excluidos, pero siempre presentes” como señala Iván Velásquez y nunca podremos construir la nación de los ciudadanos bolivianos.


El gobierno defiende la prórroga de magistrados con uñas y dientes

 


Al parecer el gobierno piensa que el tema de la auto prórroga del mandato de los magistrados de justicia es un problema únicamente de los diputados del MAS del ala evista y de los de Comunidad Ciudadana y CREEMOS y seguramente esa es la razón por la cual están incumpliendo su compromiso de tratar la ley 073 y 075 que versa sobre el cese de los magistrados y la suspensión de plazos procesales hasta que se realice la elección por voto popular de los futuros magistrados titulares, sin embargo, el gobierno debería entender que la auto prórroga de mandato de los magistrados es un tema que lastima el sentimiento de millones de bolivianos que ven la flagrante violación del derecho fundamental de participación política y la violación del mandato que los ciudadanos bolivianos hemos dado a dichos magistrados.

El gobierno está totalmente equivocado al considerar que puede seguir sosteniendo la nula e inconstitucional prorroga de mandato pensando que al único que le interesa dicho tema es al MAS del ala evista, el gobierno está confundiendo la furibunda crítica que desde varios sectores hemos expresado al bloqueo de carreteras por parte del MAS del ala evista, con un posible alineamiento con el gobierno, nada más alejado de la verdad. En este punto es importante aclarar que la crítica que desde estas páginas hemos hecho al bloqueo y al eterno bloqueador Evo Morales, ha sido por el perjuicio económico que significa el bloqueo, pero al mismo tiempo hemos hecho una crítica a la inactividad del gobierno de Luis Arce de no intervenir los bloqueos y con la ley en la mano denunciar y encarcelar a los bloqueadores tanto materiales como intelectuales, hemos criticado esa estrategia de jugar al desgaste del bloqueo, pensando que como en Santa Cruz la movilización del MAS del ala evista, moriría por el transcurso del tiempo y el cansancio de los bloqueadores, sin embargo, la realidad ha sido más tozuda y al final de alguna manera los bloqueadores se han impuesto y han forzado un acuerdo de tratar todas las leyes y en especial aquella que deje cesante a los magistrados inconstitucionalmente prorrogados.

La convocatoria a sesión parlamentaria, alterando el orden de tratamiento de leyes es una jugada que puede nuevamente avivar el conflicto y reactivar los bloqueos carreteros del MAS evista con los perjuicios económicos que ya indicamos. Todos estamos conscientes que las movilizaciones de Evo Morales bajo el pretexto de defensa de la institucionalidad democrática es una hipocresía llevada a extremos, porque todos conocemos de sobremanera la vulneración y desinstitucionalización de la democracia en el gobierno de Evo Morales, que utilizó al mismo Tribunal Constitucional para desconocer el referéndum del 21 de febrero de 2017 y que hoy el mismo MAS esta vez del ala arcista pretende desconocer el vencimiento del mandato popular de los magistrados alentando y protegiendo la inconstitucional prórroga de mandato.

La retórica del gobierno de que es urgente aprobar las leyes crediticias es otra falacia, ya que todos sabemos que un día más un día menos no van influir en nada la concreción de dichos créditos, el gobierno debería darse cuenta que los parlamentarios no son tan ingenuos para saber que una de las garantías para aprobar el cese de los magistrados es tratando primero este tema antes que la aprobación de créditos, porque en este caso el orden de los factores si altera el producto, ya que si se aprobarían primero los créditos el gobierno ya no tendría ningún apuro para aprobar el cese de los magistrados y mediante una serie de pretextos y subterfugios podría retrasar su aprobación a las calendas griegas.

Probablemente en las encuestas y sondeos de opinión el tema de la prorroga del mandato de los magistrados no salga en los primeros lugares de preocupación, y como es lógico el tema económico sea la primera prioridad en sus preocupaciones, sin embargo, el tema de la democracia, la libertad, el respeto a los derechos fundamentales, a la hora de la verdad pesan tanto o más que el tema económico, porque nadie es indiferente ante la justicia o injusticia de hechos cotidianos y con mayor razón nadie es indiferente ante la justicia o injusticia de hechos extraordinarios y la prórroga inconstitucional e ilegítima de los magistrados es un hecho extraordinario inaceptable e injusto a todas luces.

El Tribunal Constitucional da otro golpe a la democracia

 


El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Marco Jaimes, ha presentado un recurso de queja por incumplimiento por parte de la Asamblea Legislativa de la Declaración Constitucional 0049/2023, que de manera inconstitucional decidió la prórroga del mandato de los magistrados de justicia.

El Tribunal Supremo de Justicia solicita que antes de tratar la ley para convocar a elecciones judiciales, acaten la prórroga (inconstitucional) de los magistrados de justicia, asimismo ha solicitado una medida cautelar para paralizar el tratamiento de la ley de convocatoria a las elecciones judiciales. Atendiendo a dicho requerimiento el Tribunal Constitucional acaba de emitir una medida cautelar que ordena a los legisladores paralizar el tratamiento de la referida ley de convocatoria, hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la queja de incumplimiento. Por todo lo mencionado, de manera inequívoca estamos frente a una dictadura judicial, porque tanto el Tribunal Constitucional, actúa vulnerando la Constitución Política del Estado, haciendo un uso abusivo y arbitrario de sus facultades y atribuciones. 

La medida cautelar emitida el día de ayer, es un nuevo golpe inconstitucional al ejercicio de las funciones de la Asamblea Legislativa, que bajo ninguna circunstancia debe ser acatada, ni por la asamblea legislativa ni por ninguno de los otros poderes del Estado, porque es una medida inconstitucional, inoportuna y provocadora.

Algunos diputados del ala arcista del gobierno, como el diputado Delfos Burgos ya se han pronunciado señalando “que esta es una decisión correcta para evitar el vacío de poder en los tribunales, además de que las resoluciones constitucionales son de cumplimiento obligatorio”.

La declaración del diputado Burgos no hace más que revelar que detrás de las medidas mencionadas esta la mano del gobierno que quiere resolver los problemas políticos internos de su partido con medidas judiciales afectando a la institucionalidad democrática y constitucional de nuestro país.

Muchos sostienen que las decisiones del Tribunal Constitucional son de cumplimiento obligatorio y seguramente todos estamos de acuerdo que así debe ser, sin embargo, para que sean de cumplimiento obligatorio sus pronunciamientos deben enmarcarse dentro de las facultades y atribuciones que establece la Constitución Política del Estado.

Recordemos que en la Declaración Constitucional 0049/2023 los magistrados debían haber declarado la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dos artículos de la ley de convocatoria a elecciones judiciales, sin embargo, de manera inconstitucional, arbitraria y nula de pleno derecho decidieron la prórroga del mandato de los magistrados de justicia usurpando funciones del poder legislativo que es la única instancia que podía decidir la prorroga o el nombramiento de nuevos magistrados.

El gobierno de Luis Arce esta jugando con fuego, por un lado, permite los bloqueos de carreteras, del bloqueador de siempre Evo Morales, perjudicando a transportistas, comerciantes, industriales y miles de bolivianos que sufren la  vulneración de sus derechos y las trágicas consecuencias económicas, por el otro lado, en lugar de solucionar el problema de las elecciones judiciales, parece que hace todos los esfuerzos por bloquear la convocatoria a las elecciones judiciales.

El gobierno de Arce, parece que tiene una doble moral, porque por un lado llama a una mesa de diálogo y consenso a través del vicepresidente David Choquehuanca para resolver la convocatoria a elecciones y por el otro lado utiliza al Tribunal Supremo de justicia, que no tiene vela en este entierro, para solicitar una medida cautelar que intenta paralizar el tratamiento de la dicha convocatoria; haciendo exactamente lo que hizo el año pasado cuando paralizo el tratamiento de dicha convocatoria durante meses, al parecer calculando tiempos para que la asamblea no cumpla con los plazos que requería esta convocatoria.

Ante estas circunstancias la asamblea legislativa, debe tomar el toro por las astas y en primer lugar  no debe acatar resoluciones que provenga de los magistrados usurpadores, porque sus actos están viciados de pleno derecho y luego inmediatamente deben nombrar de manera extraordinaria y transitoria a nuevos magistrados para evitar cualquier vacío de poder en el órgano judicial y sancionar la ley de convocatoria a elecciones judiciales y si el poder ejecutivo veta la ley promulgarla como corresponde a dicha instancia legislativa.

El gobierno de Luis Arce y el eterno bloqueador Evo Morales deben saber que el pueblo boliviano está cansado de los bloqueos en las calles y carreteras, cansado del bloqueo de las instituciones, cansado de autoridades que no representan sus intereses, cansados del proceso de cambio, que lo único que ha traído son autoridades corruptas, autoridades disfrazadas de indígenas, racistas, autoridades arbitrarias, arrogantes e ignorantes.