El presidente
del Tribunal Supremo de Justicia, Marco Jaimes, ha presentado un recurso de
queja por incumplimiento por parte de la Asamblea Legislativa de la Declaración
Constitucional 0049/2023, que de manera inconstitucional decidió la prórroga
del mandato de los magistrados de justicia.
El Tribunal
Supremo de Justicia solicita que antes de tratar la ley para convocar a
elecciones judiciales, acaten la prórroga (inconstitucional) de los magistrados
de justicia, asimismo ha solicitado una medida cautelar para paralizar el
tratamiento de la ley de convocatoria a las elecciones judiciales. Atendiendo a
dicho requerimiento el Tribunal Constitucional acaba de emitir una medida
cautelar que ordena a los legisladores paralizar el tratamiento de la referida
ley de convocatoria, hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la
queja de incumplimiento. Por todo lo mencionado, de manera inequívoca estamos
frente a una dictadura judicial, porque tanto el Tribunal Constitucional, actúa
vulnerando la Constitución Política del Estado, haciendo un uso abusivo y
arbitrario de sus facultades y atribuciones.
La medida
cautelar emitida el día de ayer, es un nuevo golpe inconstitucional al
ejercicio de las funciones de la Asamblea Legislativa, que bajo ninguna circunstancia
debe ser acatada, ni por la asamblea legislativa ni por ninguno de los otros poderes del Estado, porque
es una medida inconstitucional, inoportuna y provocadora.
Algunos diputados del
ala arcista del gobierno, como el diputado Delfos Burgos ya se han pronunciado
señalando “que esta es una decisión correcta para evitar el vacío de poder en los tribunales, además de que
las resoluciones constitucionales son de cumplimiento obligatorio”.
La declaración del
diputado Burgos no hace más que revelar que detrás de las medidas mencionadas esta
la mano del gobierno que quiere resolver los problemas políticos internos de su
partido con medidas judiciales afectando a la institucionalidad democrática y
constitucional de nuestro país.
Muchos sostienen que las
decisiones del Tribunal Constitucional son de cumplimiento obligatorio y
seguramente todos estamos de acuerdo que así debe ser, sin embargo, para que sean
de cumplimiento obligatorio sus pronunciamientos deben enmarcarse dentro de las
facultades y atribuciones que establece la Constitución Política del Estado.
Recordemos que en la
Declaración Constitucional 0049/2023 los magistrados debían haber declarado la
constitucionalidad o inconstitucionalidad de dos artículos de la ley de
convocatoria a elecciones judiciales, sin embargo, de manera inconstitucional,
arbitraria y nula de pleno derecho decidieron la prórroga del mandato de los
magistrados de justicia usurpando funciones del poder legislativo que es la
única instancia que podía decidir la prorroga o el nombramiento de nuevos
magistrados.
El gobierno de Luis Arce
esta jugando con fuego, por un lado, permite los bloqueos de carreteras, del
bloqueador de siempre Evo Morales, perjudicando a transportistas, comerciantes,
industriales y miles de bolivianos que sufren la vulneración de sus derechos y las trágicas consecuencias
económicas, por el otro lado, en lugar de solucionar el problema de las
elecciones judiciales, parece que hace todos los esfuerzos por bloquear la
convocatoria a las elecciones judiciales.
El gobierno de Arce, parece
que tiene una doble moral, porque por un lado llama a una mesa de diálogo y
consenso a través del vicepresidente David Choquehuanca para resolver la
convocatoria a elecciones y por el otro lado utiliza al Tribunal Supremo de
justicia, que no tiene vela en este entierro, para solicitar una medida
cautelar que intenta paralizar el tratamiento de la dicha convocatoria; haciendo
exactamente lo que hizo el año pasado cuando paralizo el tratamiento de dicha
convocatoria durante meses, al parecer calculando tiempos para que la asamblea
no cumpla con los plazos que requería esta convocatoria.
Ante estas
circunstancias la asamblea legislativa, debe tomar el toro por las astas y en
primer lugar no debe acatar resoluciones
que provenga de los magistrados usurpadores, porque sus actos están viciados de
pleno derecho y luego inmediatamente deben nombrar de manera extraordinaria y
transitoria a nuevos magistrados para evitar cualquier vacío de poder en el
órgano judicial y sancionar la ley de convocatoria a elecciones judiciales y si
el poder ejecutivo veta la ley promulgarla como corresponde a dicha instancia
legislativa.
El gobierno de Luis Arce
y el eterno bloqueador Evo Morales deben saber que el pueblo boliviano está
cansado de los bloqueos en las calles y carreteras, cansado del bloqueo de las
instituciones, cansado de autoridades que no representan sus intereses,
cansados del proceso de cambio, que lo único que ha traído son autoridades corruptas,
autoridades disfrazadas de indígenas, racistas, autoridades arbitrarias,
arrogantes e ignorantes.
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