La reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia de revisar la detención preventiva de Luis Fernando Camacho, Marco Pumari y Jeanine Áñez —medida que posteriormente se amplió a todos los detenidos preventivamente en el país— ha generado un intenso debate político y jurídico. Para algunos analistas y sectores ciudadanos, este acto representa un cambio en la conducta del Órgano Judicial, e incluso se lo ha llegado a interpretar como una señal de recuperación de su independencia frente al poder político. Sin embargo, la lectura objetiva de los hechos revela una realidad muy distinta. Si bien la decisión ofrece un respiro a quienes se encuentran injusta y arbitrariamente privados de libertad, atribuirle un significado de autonomía judicial resulta apresurado y, en muchos aspectos, equivocado. Más bien, este episodio confirma con claridad la profunda dependencia estructural que existe del sistema judicial boliviano respecto del poder político. El cálculo político detrás de la...