La reforma de justicia que quiere el gobierno, no es la reforma que se necesita

El Ministerio de Justicia del actual gobierno está empeñado en realizar una reforma de la justicia express, en dos niveles:

1° En el nivel constitucional, la reforma se enfoca en:
a.       Modificar la elección de autoridades del órgano de justicia;
b.       agilizar el procedimiento para procesar a las altas autoridades del órgano judicial; y
c.       eliminar el Consejo de la Magistratura.

2° En el nivel normativo, la reforma se dirige a:
a.       Modificar la ley de derechos reales, que actualmente es una institución dependiente del órgano de justicia, para que dicha institución pase a depender del órgano ejecutivo;
b.       modificar la ley de adopción de menores por otra más ágil; y
c.       finalmente, promulgar una nueva ley para regular la carrera judicial.

La intención del Ministerio era aprobar las modificaciones constitucionales juntamente en un referendum que debía realizarse conjuntamente la elección de alcaldes y gobernadores, sin embargo, por razones de tiempo la aprobación fue postergada para otra oportunidad. En cualquier caso, el Ministerio de Justicia busca una aprobación rápida de las modificaciones que le interesan al gobierno, sacrificando el debate y socialización de la reforma.

Esta premura no implica otra cosa que la independencia del órgano judicial cambie para no cambiar mucho. Desde la sociedad civil y, especialmente desde la óptica que plantea implementar el actual gobierno, la reforma de la justicia se sigue abordando, como se hacía desde hace muchos años atrás, considerando problemas que no han sido modificados en la experiencia histórica, a saber: la independencia del poder judicial, la corrupción en la aplicación de la justicia, la retardación en los procesos o causas abiertas, la falta de un presupuesto suficiente para garantizar la eficacia del sistema, la sobrecarga judicial, la falta de capacitación de los operadores del sistema, una carrera judicial en la que está ausente la meritocracia, etc. 

La reforma de la justicia impulsada por el MAS en la Constitución Política del Estado, antes de lograr un cambio o por lo menos una mejora en el sistema de justicia, ha significado un retroceso y mayores males de los ya heredados, de esta forma tenemos que además de los mencionados en parágrafo anterior debemos sumar otros males como: la instrumentalización de la justicia para descabezar a la oposición política; el traslado de los juicios del juez natural de la causa a plazas territoriales distintas y distantes, que agravan la situación jurídica y social de los imputados; el empleo del arresto domiciliario sin derecho al trabajo, como una forma más cruel y onerosa que la detención preventiva; la retroactividad e imprescriptibilidad de la ley en materia penal; la incorporación del sistema de justicia indígena, como un sistema paralelo a la justicia ordinaria; la aplicación de los procedimientos legales con altos índices de saña, encono y perversidad; entre muchos otros aspectos anómalos del sistema judicial que en la reforma de la justicia que se planea desde el gobierno, ni siquiera van a ser considerados y mucho menos van a ser incluidos.

De aquí la necesidad de abordar la reforma judicial desde una perspectiva holística y participativa, distinguiendo claramente entre lo que son las causas, las consecuencias y el problema central de la justicia. Sería deseable que el gobierno a través del Ministerio de Justicia propiciará un amplio debate y consenso desde todas las capas de la sociedad, en el que se haga una evaluación de toda la reforma que impulso el MAS y no centrarse solamente en aquellos aspectos de alto impacto, como es la forma de elección por voto popular de las altas autoridades  del órgano judicial o la eliminación del Consejo de la Magistratura o la destitución de los magistrados y fiscales.  Atte Gustavo Blacutt Alcalá