En la actual Constitución Política del Estado, la elección de magistrados tiene dos etapas, la primera consiste en la preselección de candidatos a cargo de la Asamblea Legislativa, que mediante la Comisión Mixta de Constitución, califica los méritos personales y profesionales de los candidatos y presenta una lista de los que cumplieron con todos los requisitos señalados en la convocatoria y los puntajes obtenidos por cada profesional, para que luego los diputados y senadores preseleccionen por 2/3 de votos, las ternas de los candidatos. La segunda etapa consiste en la elección de los magistrados por parte de los ciudadanos mediante voto popular.
La propuesta del los Juristas Independientes consiste en la creación de una Comisión Nacional de Postulaciones, conformada por representantes de la Asamblea Legislativa, Colegios de abogados, periodistas, indígenas, etc., cuya labor consistiría en preseleccionar a los candidatos a magistrados, mediante la calificación de méritos personales y profesionales, es decir hacer la misma labor de preselección que en la actualidad la realizan los diputados y senadores. La segunda etapa consistiría en la elección de magistrados por 2/3 de votos por parte de la Asamblea Legislativa, sustituyendo la elección ciudadana por voto popular, reforma para la cual plantean la realización de un referendo.
En los últimos días el grupo de estudio “Conocimiento Acción y Libertad” (CALI) liderada por el Dr. Carlos Börth ha presentado un proyecto de ley que plantea la creación de la Comisión Ciudadana de Preselección Judicial con las mismas características y casi las mismas funciones que la “Comisión Nacional de Postulaciones” que proponen los Juristas Independientes.
La citada comisión estaría conformada por representantes de Colegios de Abogados, COB, empresarios, etc., a la cual se delegaría la calificación de méritos personales y profesionales de los candidatos, para que luego los diputados y senadores preseleccionen por 2/3 de votos las ternas de los candidatos que pasarían a la elección por voto popular. Por tanto, no plantean modificar la Constitución Política del Estado. La propuesta del Dr. Börth, si bien es cierto no es nueva, tiene la virtud de estar respaldada en los artículos constitucionales que permiten dicha delegación. Si recordamos en las elecciones de 2017 la Asamblea Legislativa delegó la calificación de méritos de los postulantes a magistrados a las Universidades del país. Lamentablemente la calificación de méritos por parte de las universidades no evitó que los diputados y senadores del MAS preseleccionen a candidatos identificados con el partido de gobierno.
Las propuestas del grupo CALI y de los Juristas Independientes, no salen del esquema del cuoteo político que a lo largo de casi 200 años de vida republicana hemos tenido, las fórmulas de preselección, elección y designación mantienen la dependencia del poder judicial ante el poder político, los resultados de esas fórmulas de elección de jueces ya los conocemos y son lapidarios y seguirán así mientras los políticos sigan preseleccionando o eligiendo a los jueces y fiscales.
Los jueces y fiscales tienen que acceder a esos cargos por méritos propios, siguiendo un proceso de evaluación, mediante exámenes transparentes y computarizados, cuya evaluación sea automática. Los postulantes empezarían desde los puestos inferiores, para llegar a los más altos cargos del poder judicial por méritos personales y morales demostrados a lo largo de una carrera judicial honesta y transparente, para que el pueblo boliviano tenga la seguridad que las más altas autoridades del poder judicial son autoridades que a lo largo de su carrera judicial han demostrado ser honestos y libres de toda injerencia política o económica que condicione su imparcialidad como jueces.
Asimismo, se debe crear el gobierno del poder judicial que tenga como objetivo central, velar por la independencia de los funcionarios judiciales. Esta institución será la máxima autoridad administrativa, financiera y disciplinaria que represente al poder judicial ante cualquier organismo público o privado para evitar toda presión, intromisión, influencia, aliciente o amenaza de orden político, económico, social o de cualquier naturaleza, constituyéndose un escudo protector de todos los funcionarios judiciales.
“Si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo” Albert Einstein.
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