La crisis del sistema judicial en Bolivia

La crisis del sistema judicial viene desde el inicio mismo de la república, sin embargo, nunca en la historia de este país la crisis de la justicia fue de tan profunda y peligrosa como la que atraviesa en la actualidad.

 

El 9 de febrero de 2009 entraba en vigencia la actual Constitución Política del Estado y con ella una de las reformas judiciales más innovadoras de la historia de nuestro país, sin embargo, al mismo tiempo y de manera paradójica se retrocedía en derechos conquistados en más de 200 años de vida republicana.

 

Con la reforma del sistema de justicia en la constitución de 2009 se crearon ciertas esperanzas de cambio, sin embargo 12 años más tarde, todos los males continúan y con mayor fuerza que antes, con el agravante de que el nuevo diseño permitió que el sistema judicial sea instrumentalizado para descabezar la oposición política desnaturalizando el debido proceso mediante distintos mecanismos procesales, como por ejemplo, el traslado de los juicios del juez natural de la causa a plazas territoriales distintas y distantes; la utilización del arresto domiciliario sin derecho al trabajo; la incorporación del sistema de justicia indígena como un sistema paralelo a la justicia ordinaria; o a través de la constitucionalización de  la retroactividad e imprescriptibilidad de la ley en materia penal.

 

Los males centenarios que aquejan al sistema judicial como la dependencia del poder judicial, la retardación de la justicia, el exceso de la carga judicial, la corrupción, el presupuesto y otros, continúan y todo indica que no hay voluntad política de resolverlos.

 

La corrupción ha llegado a límites insospechados, la prensa nacional esta atiborrada de noticias de corrupción judicial que cualquier calificativo resulta insuficiente para valorar la magnitud del problema, únicamente como ejemplo podemos mencionar que el hecho más impactante de corrupción en la historia del país, se conoció el 17 de septiembre de 2018, cuando en un audio la Jueza Pacajes declaraba que el Médico Jhiery Fernández era inocente de la imputación de violación del bebé Alexander y que ella en pleno conocimiento de esa inocencia lo condenaba a 20 años de presidio.

 

Luego unos años más tarde, el fiscal que llevo adelante este caso, fue elegido por el Consejo de la Magistratura como Juez 13º en lo Penal, aunque había terminado cuarto en la puntuación entre los postulantes evaluados. Este hecho demuestra con toda crudeza el grado de corrupción al que ha llegado la justicia boliviana.

 

El grado de deshumanización en la aplicación de procedimientos es algo nuevo, jamás la justicia se había instrumentalizado con tanta saña, odio y revancha al punto que está matando a personas, no con balas, pero si con la proliferación de cientos de juicios, miles de audiencias, millones de actuados para quebrar la economía y la psicología de los acusados, que luego ha derivado en el agotamiento y la muerte física de personas que no han resistido el acosado trajín judicial al que han sido sometidos, como son los casos concretos del expresidente del Servicio Nacional de Caminos (SNC), José María Bakovic y últimamente del Lic. Marco Antonio Aramayo ex director del Fondo de Desarrollo Indígena Campesino.

El grado de dependencia del poder judicial frente al político de turno es manifiesta, basta con citar dos ejemplos de esta dependencia lo encontramos en la Declaración Constitucional Plurinacional 0003/2013 de 25 abril de 2013 y la Sentencia Constitucional Plurinacional 0084/2017 de 28 de noviembre de 2017. Ambas tienen como único propósito habilitar a una tercera, cuarta e indefinida postulación de los ex mandatarios Evo Morales y Álvaro García a la presidencia y vicepresidencia del país, en demostrada violación de la Constitución Política del Estado que prohibía dichas postulaciones.

 

Apenas han pasado 13 años de ese cambio innovador del voto popular, de la justicia indígena con la misma jerarquía normativa que la justicia ordinaria, del carácter vinculante del preámbulo, etc., sin embargo, la crisis ha llegado a limites inquietantes, que afecta el desarrollo económico, político y social del país, generando un clima de incertidumbre que perturba la estabilidad y la paz social.

(Con el presente artículo, iniciamos un ciclo, para dar a conocer una propuesta de reforma del sistema judicial en Bolivia)