Gustavo Blacutt Alcalá

  En el debate político boliviano es frecuente escuchar que una determinada ley es "legal, pero ilegítima". La frase suele pronunciarse con absoluta seguridad y termina convirtiéndose en el argumento definitivo para defender o condenar una norma. Sin embargo, detrás de esa aparente certeza existe una profunda confusión conceptual. En realidad, discutir si una ley es legítima o ilegítima, como si ambas condiciones fueran excluyentes, constituye un falso debate. Desde Aristóteles se ha sostenido que "todo lo legal, en cierto modo, es justo". Sin embargo, reducir el análisis de una ley únicamente a su justicia o injusticia significa observar apenas una parte del problema. Toda norma jurídica posee tres dimensiones inseparables: la legal, la axiológica y la sociológica. Comprenderlas permite entender por qué muchas discusiones públicas terminan girando en círculos. La primera es la dimensión legal , que responde a una pregunta estrictamente jurídica: ¿la norma est...

  La propuesta de elegir a los magistrados suplentes del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) mediante una ley transitoria de interinatos ha desatado un profundo enfrentamiento en la Asamblea Legislativa. Por un lado, las bancadas oficialistas impulsan esta medida; por el otro, bloques opositores — particularmente de la Alianza Libre — rechazan categóricamente que estas autoridades sean nombradas de manera excepcional. En su lugar, han presentado un proyecto de ley para convocar a elecciones judiciales parciales con el fin de cubrir las vacancias, al tiempo que plantean avanzar hacia una reforma constitucional que modifique el cuestionado sistema de elección del Órgano Judicial. El vicio de la inconstitucionalidad La pretendida ley transitoria de interinatos es, a todas luces, inconstitucional. Su aplicación vulneraría directamente los artículos 182 y 198 de la Constitución Política del Estado (CPE). En el caso específico del TCP, la ...

  La solicitud del presidente del Tribunal Supremo de Justicia de destinar el 5% del Presupuesto General del Estado al Órgano Judicial ha reabierto un viejo debate. Sin embargo, la verdadera pregunta no es cuánto dinero necesita la justicia, sino si más recursos, por sí solos, pueden resolver los graves problemas que arrastra el sistema judicial boliviano. La amenaza del presidente del Tribunal Supremo de Justicia de paralizar las actividades del Órgano Judicial si no se incrementa su presupuesto hasta el 5% del Presupuesto General del Estado y no se aprueban determinadas leyes ha instalado un debate que merece ser analizado con criterios técnicos y no únicamente políticos. Es posible que la justicia requiera mayores recursos económicos. Sin embargo, fijar un porcentaje del presupuesto sin una justificación técnica resulta difícil de sostener. Ninguna institución pública debería definir su financiamiento mediante porcentajes arbitrarios, sino en función de objetivos, necesidades re...

  Después de 51 días de bloqueos que dejaron una profunda huella en la economía, la política y la sociedad boliviana, el país comienza lentamente a recuperar la normalidad. Sin embargo, como enseña un antiguo proverbio chino, toda crisis encierra también una oportunidad. Por ello, más que seguir discutiendo si el gobierno de Rodrigo Paz debió tomar una u otra medida, conviene mirar hacia adelante. Ese debate podrá quedar para los historiadores. Lo verdaderamente importante es comprender que el escenario político ha cambiado y que hoy el gobierno dispone de una oportunidad que difícilmente volverá a repetirse. Paradójicamente, el desgaste político acumulado por quienes promovieron y sostuvieron los bloqueos parece ser mayor que el costo asumido por el propio gobierno. Esa circunstancia le devuelve la iniciativa política y le permite impulsar reformas que antes habrían encontrado una resistencia mucho más intensa. La primera tarea debería ser la institucionalización del Estado, duran...

  Después de cincuenta días de bloqueos, muertos, escasez, pérdidas económicas y un país secuestrado por la violencia política, el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) anunciaron un acuerdo que pretenden vender como una victoria del diálogo. Sin embargo, basta leerlo con atención para descubrir una verdad incómoda: los únicos ganadores son los que utilizaron el conflicto como instrumento de poder. El único perdedor fue el pueblo boliviano. El acuerdo firmado entre el gobierno y la Central Obrera Boliviana no representa una solución al conflicto, sino una capitulación del gobierno. El Ejecutivo asume compromisos, crea comisiones, se obliga a responder a una extensa lista de exigencias, en 90 días. La COB, en cambio, no asume compromiso alguno. No se compromete a evitar futuros bloqueos, ni a respetar la libre circulación, ni a condenar la violencia, ni a reparar los daños causados. El desequilibrio es evidente: una de las partes debe rendir cuentas; la otra, solo presenta un...