Elecciones judiciales y crisis del Estado

                   

Las constantes interrupciones y obstaculizaciones que diferentes actores políticos, parlamentarios y autoridades judiciales están ejecutando para postergar o detener la realización de las elecciones judiciales, está profundizando aún más la crisis del sistema judicial en la que se desenvuelve desde hace mucho tiempo. La crisis del sistema judicial en la actualidad, está íntimamente ligada a la división del MAS que está provocando una crisis política en el principal partido político del país, que, sobre este asunto de las elecciones judiciales, se debate entre renovar a las autoridades del órgano judicial o prorrogar el mandato de los magistrados que a principios del próximo año fenece su mandato.

Sin embargo, la resolución de la crisis judicial y política en nuestro país, parece que va más allá del tiempo preelectoral que agita las aguas partidarias e inclusive más allá del interregno (Gramsci) de la nueva oleada o del cambio del ciclo político, al parecer estamos a las puertas de una crisis de Estado en la que la interpelación social a los actores políticos se extiende al diseño institucional, jurídico y político del Estado plurinacional establecido en la Constitución Política del Estado del 2009.

En nuestro país el diseño institucional político, establecido en la constitución, exige diálogo y consensos para alcanzar mayorías calificadas de los 2/3 para un sinfín de acuerdos, entre los que se encuentran los de nombrar a las autoridades de las principales entidades estatales, tales como el Defensor del Pueblo, el Contralor General del Estado, el Fiscal General del Estado, los miembros del directorio del Banco Central de Bolivia, los candidatos a magistrados de los distintos tribunales de justicia, etc. Este diseño no funcionó ni siquiera cuando el MAS tenía una mayoría abrumadora que rebasaba los 2/3 de votos en la Asamblea Legislativa y podía nombrar a todas las autoridades de las distintas instituciones del país y se limitó a nombrar a los estrictamente necesarios dejando en el interinato a todas las demás autoridades de las instituciones antes mencionadas.

En la actualidad el MAS ya no tiene los 2/3 de votos en la Asamblea Legislativa y su bancada se encuentra dividida en dos facciones que no están dispuestas a dialogar ni a generar consensos para resolver la grave crisis institucional de los tribunales de justicia. Por su parte la oposición no tiene ni la fuerza, ni el liderazgo para proponer nuevas reglas de juego de destraben el callejón sin salida al que nos ha llevado el diseño constitucional, agravada por la sentencia constitucional 0060/2023 que obliga 2/3 de votos para cualquier decisión relacionada con la elección de los magistrados lo que obstaculiza la realización de las elecciones judiciales.

Por otra parte, la hegemonía política del MAS, se está cayéndose a pedazos, la pérdida de los 2/3 en la Asamblea Legislativa y su división interna está provocando una profunda preocupación en los sectores empresariales que apoyan al MAS, el alejamiento de las clases medias y un reacomodo de los dirigentes sindicales, gremiales e indígenas en el espectro de las filas gubernamentales, profundizando aún más la crisis tanto judicial como política.

La crisis política podría revelar la incipiente crisis de Estado cuando se produzca el vacío de poder en el órgano judicial a partir del 2 de enero del 2024, debido a que ni la Asamblea Legislativa, ni el poder ejecutivo consiguieron evitar este vacío institucional. Al parecer el poder ejecutivo apunta a que se produzca ese vacío para prorrogar el mandato de los actuales magistrados o el nombramiento interino de nuevos magistrados, con la justificación del tiempo transcurrido y la falta de consensos en la asamblea legislativa, pero lo que realmente esta en el trasfondo de este problema es el inadecuado diseño constitucional, que ya en las dos anteriores elecciones demostró su ineficacia y fracaso para dotar al pueblo boliviano de un confiable órgano judicial.

La aguda crisis del órgano judicial debería servirnos a los bolivianos para abrir un sincero y amplio debate sobre las contradicciones, lagunas, insuficiencias, errores, incoherencias, etc., de la constitución, un debate que no se restrinja al tema judicial sino a todos los ámbitos que abarca la carta magna.