El Tribunal
Supremo Electoral, ha decidió otorgar el financiamiento estatal al MAS, de
manera totalmente equivocada y puede tener serias consecuencias jurídicas, ya
que no puede aplicar como referente la elección del 2014, como parámetro para otorgarle el financiamiento estatal. Las elecciones del 2014, no tienen absolutamente nada que ver con la presente convocatoria a elecciones, señalar
que no hay un referente para la distribución de los recursos en ésta elección, es
ignorar que en Bolivia existió un fraude electoral que motivo la anulación de
las elecciones del 20 de octubre de 2019. Por esta razón es que hay nuevas elecciones, justamente ese es el referente que
el TSE debe tomar en cuenta para hacer la correspondiente distribución de los recursos estatales y distribuir el 60% del presupuesto entre todos los partidos políticos
que participan en ésta elección manera equitativa, con excepción del MAS y el
restante 40% entre los partidos que
participaron en las elecciones del 2019 en función de la votación que
recibieron hasta el último dato que se conocía antes de la interrupción del
conteo rápido, en el cual tampoco puede recibir el MAS por que fue el causante
de la anulación y el directo responsable del fraude electoral. Seguramente
señalaran que hay un proceso penal en curso y hasta que no haya una sentencia
ejecutoriada, no se le puede condenar. Aquí debemos ser claros, una es la
jurisdicción penal y otra muy diferente la jurisdicción administrativa. Administrativamente
el hecho de haber anulado las elecciones del 2019 es el referente jurídico que
abre el camino a las sanciones de orden administrativo y la no distribución de
recursos económicos es una sanción de orden administrativo. Por tanto, el TSE
debe rectificar esa decisión de manera urgente y sancionar al MAS como
corresponde. Atte. Gustavo Blacutt Alcalá
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