La aplicación de la ley y la protección de los derechos fundamentales no
son conceptos opuestos. Sin embargo, en Bolivia se ha extendido una narrativa
que confunde deliberadamente la comisión de delitos con la vulneración de
derechos humanos, debilitando la autoridad del Estado y distorsionando el
verdadero sentido de las garantías constitucionales.
En los últimos años se ha instalado en el debate público una idea tan
difundida como equivocada: que toda acción estatal orientada a restablecer el
orden constituye automáticamente una violación de derechos humanos. Bajo esta
lógica, la detención de una persona que comete un delito, la intervención para
desbloquear una carretera o la ejecución de medidas destinadas a garantizar el
cumplimiento de la ley son denunciados como violación de los derechos
fundamentales. Nada más alejado de la realidad.
El Estado de derecho y la democracia descansan sobre un principio
elemental: la vigencia de la Constitución y de las leyes. Sin orden jurídico no
existen libertades garantizadas, y sin autoridad legítima no es posible
proteger los derechos de los ciudadanos. Por ello, resulta imprescindible distinguir
entre la comisión de un hecho delictivo y una verdadera vulneración de derechos
humanos.
La conducta delictiva
Bloquear carreteras, impedir el transporte de alimentos, combustibles o
medicamentos, obstaculizar el paso de ambulancias, destruir bienes públicos o
enfrentarse violentamente a las fuerzas del orden no constituye el ejercicio
legítimo de un derecho, al contrario constituyen conductas delictivas previstos
en la legislación penal boliviana, entre ellos instigación pública a delinquir,
asociación delictuosa, atentados contra la seguridad de los transportes,
rebelión, conspiración u otras figuras penales contempladas por el ordenamiento
jurídico.
Asimismo, cuando estas acciones son organizadas y ejecutadas
colectivamente, la responsabilidad no recae únicamente sobre quienes participan
materialmente en los hechos, sino también sobre quienes los promueven,
coordinan, financian o dirigen. En un Estado de derecho, la responsabilidad
penal alcanza tanto a los autores directos como a quienes actúan como
instigadores u organizadores.
¿Qué es una violación de derechos humanos?
La violación de derechos humanos tiene una naturaleza distinta. Se
produce cuando el Estado, (único que puede violar derechos humanos) mediante
acción u omisión, vulnera derechos fundamentales protegidos por la Constitución
y por los tratados internacionales de derechos humanos.
Esta vulneración puede manifestarse cuando agentes estatales emplean la
fuerza de manera arbitraria, desproporcionada o ilegal. Pero también puede producirse
cuando las autoridades renuncian a ejercer las competencias que les
corresponden y permiten que terceros cometan hechos delictivos en contra de la
población sin adoptar medidas para impedirlo.
En consecuencia, la protección de los derechos humanos no exige
únicamente evitar abusos de poder; también obliga al Estado a garantizar
efectivamente la seguridad, la libertad y la integridad de los ciudadanos. La
omisión estatal frente a situaciones que afectan gravemente esos derechos se convierte
en una de vulneración.
Los derechos de todos, no solo de algunos
Con frecuencia se escucha a determinados dirigentes afirmar que sus
derechos son vulnerados cuando el Gobierno no accede a sus demandas o cuando
las autoridades hacen cumplir la ley. Sin embargo, el desacuerdo político, el
incumplimiento de una promesa electoral o la aplicación de una norma jurídica
no constituyen, por sí mismos, una violación de derechos humanos.
La verdadera vulneración ocurre cuando a millones de ciudadanos no se
les garantiza sus derechos esenciales como la libre circulación, el acceso a la
salud, el abastecimiento de alimentos, el trabajo, la educación o la seguridad
personal. Cuando no se garantiza que una ambulancia no puede llegar a un
hospital, cuando no se garantiza que una familia pueda abastecerse de productos
básicos o cuando se permite que una población queda aislada y cercada durante
días, semanas o meses.
Por ello, el Estado tiene la obligación de proteger a los ciudadanos
frente a acciones criminales, independientemente de las motivaciones políticas
o sectoriales que las impulsen.
La inversión de los roles
Uno de los fenómenos más preocupantes del actual debate público es la
tendencia a invertir los papeles entre víctimas y responsables. Quienes
paralizan el país, cercan ciudades, generan desabastecimiento y provocan graves
perjuicios económicos suelen presentarse como víctimas de persecución o
represión. Al mismo tiempo, el Estado es señalado como agresor por el solo
hecho de intentar restablecer la normalidad y garantizar el cumplimiento de la
ley.
Esta confusión resulta particularmente peligrosa porque debilita la
legitimidad de las instituciones democráticas y fortalece la impunidad. Cuando
toda acción estatal es presentada como una violación de derechos humanos, se
termina transmitiendo el mensaje de que la ley no puede hacerse cumplir y que
determinados grupos pueden situarse por encima del orden jurídico.
La obligación de proteger
La principal amenaza para los derechos de los bolivianos no proviene del
ejercicio legítimo de las competencias estatales ni de la actuación legal del
ejecutivo, los policías y militares en defensa del orden constitucional. La
verdadera amenaza surge cuando grupos organizados consideran que sus intereses
particulares están por encima de los derechos de la colectividad y cuando el
Estado renuncia a cumplir su obligación de proteger los derechos de los ciudadanos.
Los derechos humanos no pueden convertirse en un argumento para
justificar la impunidad ni en una herramienta para deslegitimar el cumplimiento
de la ley. Por el contrario, su verdadera función es garantizar que todas las
personas puedan ejercer sus libertades dentro de un marco de convivencia
democrática, seguridad jurídica y respeto al orden constitucional.
Confundir la comisión de delitos con la violación de derechos humanos no
fortalece la democracia; la debilita. Y una democracia debilitada termina
afectando precisamente aquello que los derechos humanos buscan proteger: la
libertad, la seguridad y la dignidad de todos los ciudadanos.
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