Después de casi un mes de bloqueos, cercos, violencia y pérdidas
millonarias, corresponde formular una pregunta incómoda pero necesaria: ¿qué
resultados concretos ha producido la estrategia del diálogo impulsada por el
gobierno? La respuesta es tan evidente como preocupante: los resultados han
sido catastróficos para Bolivia y beneficiosos para quienes impulsan los
bloqueos. Mientras el país pierde millones de dólares, se paraliza la
producción y se debilita la institucionalidad democrática, los sectores movilizados
han comprobado que la presión, el cerco y el bloqueo continúan siendo
mecanismos eficaces para imponer su voluntad al Estado. Lo que debía ser una
estrategia de pacificación terminó fortaleciendo a quienes apuestan por la
confrontación.
El conflicto comenzó con la exigencia de derogar la
Ley 1720 de Conversión Voluntaria de Pequeña Propiedad a Mediana Propiedad. Sin
embargo, desde el primer momento era evidente que la ley no era el verdadero
problema. Detrás de esa demanda se ocultaba una agenda política obscura, cuyo
objetivo final era la desestabilización del gobierno y la renuncia del
presidente Rodrigo Paz.
Frente a ello, el Ejecutivo apostó por una política de
diálogo permanente, primero cedió con la abrogación de la ley y posteriormente
abrió nuevas mesas de negociación para atender otras exigencias. Pero lejos de
pacificar el conflicto, cada concesión fue interpretada como una señal de
debilidad, los bloqueadores entendieron que mientras mayor fuera la presión,
mayores serían las concesiones obtenidas.
El resultado está a la vista de todos, cuatro personas
fallecidas por falta de auxilio oportuno, ciudades cercadas, carreteras
destruidas, industrias paralizadas, turismo colapsado, desabastecimiento de
combustibles, escasez de medicamentos y oxígeno, miles de transportistas
varados, productores agropecuarios al borde de la quiebra y una economía que
pierde millones de dólares cada día.
Pero el daño más grave no es solamente económico, el
daño más grave es político e institucional, cada día que pasa sin una respuesta
firme del Estado fortalece la percepción de que en Bolivia los bloqueos son más
poderosos que las leyes, que las carreteras pueden cerrarse impunemente y que
cualquier grupo organizado puede intentar doblegar a un gobierno
democráticamente elegido.
Durante más de dos décadas el país fue sometido a un
perverso sistema de negociación corporativa donde el Estado cogobernó con los
grupos de presión, campesinos, cooperativistas, mineros, dirigentes sindicales,
organizaciones afines al poder y diversos sectores corporativos aprendieron que
la mejor manera de obtener beneficios era presionando al ejecutivo. Esa cultura
política debe terminar.
Las elecciones del año pasado expresaron con claridad
el rechazo ciudadano al modelo político instaurado por el MAS, la población no
votó únicamente por un nuevo presidente; votó por un cambio de rumbo, votó
contra el chantaje político, contra el capitalismo de Estado, contra el
clientelismo, contra la corrupción y contra la captura de las instituciones
públicas por grupos partidarios.
Si el gobierno repite permanentemente que Bolivia está
por encima de cualquier interés sectorial o partidario, ha llegado el momento
de demostrarlo con hechos y no con discursos.
Es hora de construir un gran acuerdo nacional con
todas las fuerzas democráticas que tienen representación parlamentaria para
conformar un auténtico gobierno de unidad nacional capaz de enfrentar la crisis,
es hora de restablecer plenamente el principio de autoridad y activar la
declaración de un estado de excepción. Es hora de que la justicia actúe contra
Evo Morales y contra cualquier persona que promueva, financie o dirija acciones
destinadas a quebrantar el orden constitucional.
Es hora de debatir el retorno de la cooperación
internacional en la lucha contra el narcotráfico, incluyendo mecanismos de
coordinación con la DEA, es hora de impulsar una profunda reforma constitucional
que modernice el Estado y elimine los incentivos que han favorecido la
fragmentación institucional, es hora de privatizar las empresas estatales que son
centros permanentes de corrupción, ineficiencia y despilfarro de recursos
públicos. Es hora de llegar a acuerdos responsables con los organismos
financieros internacionales para recuperar la confianza de los mercados y
garantizar la estabilidad económica. Es hora de acabar con los interinatos que
degradan la institucionalidad y proceder a la designación constitucional de las
máximas autoridades del Estado, es hora de depurar la administración pública de
operadores políticos cuya lealtad continua con el proyecto del MAS y no con el
país.
La historia demuestra que ningún gobierno cae por ser
firme en la defensa de la ley. Los gobiernos caen cuando confunden prudencia con
debilidad, diálogo con capitulación y tolerancia con renuncia al ejercicio
legítimo de la autoridad.
Max Weber distinguía entre la ética de la convicción y
la ética de la responsabilidad. La primera permite actuar conforme a ideales;
la segunda obliga a asumir las consecuencias de las decisiones. Hoy Bolivia no
necesita gestos simbólicos ni nuevas mesas de diálogo destinadas al fracaso, necesita
decisiones, necesita autoridad, necesita liderazgo.
Porque cuando el diálogo deja de ser un instrumento
para alcanzar acuerdos y se convierte en un mecanismo para estimular la presión
y la violencia, el diálogo ya no fortalece la democracia: la pone en peligro.
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