La
crisis económica, política, judicial que vive el país ha coincidido con un
adelanto de los tiempos electorales, que ha traído como consecuencia la
irrupción de muchos precandidatos presidenciales que han hecho una serie de
propuestas de cambio para solucionar los problemas de nuestro país.
La mayoría de las propuestas se han concentrado en dos problemas de urgente e ineludible tratamiento, estos son los temas de la economía y del sistema judicial boliviano, en lo referente a la economía casi todos proponen cambiar el modelo económico, social, comunitario, productivo del actual gobierno por un modelo de libre mercado y en el tema del sistema judicial proponen cambiar el modelo de elección de magistrados por voto popular ya que en los hechos ha sido un fracaso, mucho más ahora que la justicia esta interfiriendo la gestión natural de las instituciones,, poniendo como ejemplo el tema de los auto prorrogados y las infinidad de obstáculos y zancadillas que ha tenido la preselección de candidatos a los órganos de justicia.
Entre los que
quieren cambiar el modelo económico, se podría señalar que algunos simplemente quieren
mejorar su administración, pero que en realidad no quieren cambiar el modelo
económico, otros se limitan a señalar que achicarían el Estado y generarían
ciertos incentivos para la empresa privada, cambiarían el tipo de subvenciones
ciegas a los combustibles, alimentos por subvenciones dirigidas a quienes
realmente lo necesitan, asimismo señalan que cerrarían todas las empresas
deficitarias, pero mantendrían las empresas mal llamadas “estratégicas” como
empresas estatales, luego están los liberales que quieren un cambio radical y
platean reducir drásticamente el tamaño del Estado, privatizar todas las
empresas del Estado, privatizar la educación, la salud, eliminar ministerios,
reducir al 50% el número de empleados públicos, proteger la propiedad privada,
etc.
En cuanto al
déficit fiscal, existe cierta coincidencia en su eliminación, la diferencia
esta en el ritmo o en la gradualidad en la que debe hacerse ese cambio, algunas
plantean una política de shock, es decir que esta debe ser eliminada de manera inmediata
y de un solo golpe, en cambio otros piensan que algunas de estas medidas deben
hacerse de manera gradual, empezando por la eliminación de la subvención al
Diesel, luego a la gasolina, luego reducir el número de empleados públicos,
etc., de manera que no afecten significativamente a las capas más empobrecidas
de nuestra sociedad, que es en ultima instancia la que sufrirá las
consecuencias del desastre que nos dejan los gobiernos del MAS.
En cuanto a
las propuestas de cambio en el sistema judicial, la mayoría plantea la
eliminación de la elección de magistrados por voto popular y muchos plantean un
retorno al sistema de elección en el seno de la asamblea legislativa como
sucedía antes, en un franco retorno al modelo de cuoteo de magistrados, jueces
y fiscales. Los famosos juristas independientes plantean que la primera etapa
de preselección de candidatos sea realizada por un consejo de notables o una
comisión de selección compuesta por entidades de la sociedad civil como
colegios de abogados, de periodistas, universidades, sindicatos, etc., para que
los preseleccionados sean nombrados por la asamblea legislativa y luego en una
tercera etapa lo nombrados por diputados y senadores pasen a unas elecciones
populares en los que se ratifique el nombramiento de realizado por los
diputados y senadores toda una complicación absurda, finalmente otra propuesta
plantea que ningún juez, fiscal o magistrado debe ser preseleccionado o
nombrado por nadie y que el acceso a esos cargos sea por mérito propio mediante
exámenes de competencia y en el marco de una carrera judicial que vaya desde
los puestos inferiores hasta los puestos de magistrados, sin la participación
de políticos o sindicatos, colegios de abogados periodistas, etc.,
Sin embargo,
un común denominador para llevar a cabo cualquier tipo de cambio, es que todas
requieren una modificación de la Constitución Política del Estado que se ha
constituido en un chaleco de fuerza que impide cualquier modificación del
modelo económico o del sistema judicial o de educación etc., (aspectos que los
analizaremos con más detenimiento en otros artículos), por tanto uno de los
temas centrales de cualquier cambio, pasa necesariamente por una modificación
constitucional, ahora la pregunta del millón es, si se necesita que esos
cambios sea a través de simples modificaciones constitucionales o si se
necesita llamar a una nueva asamblea constituyente para modificar de raíz la
arquitectura legal, económica, política, social, educativa, etc., de la
constitución del MAS.
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