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La Constitución del MAS ¿el primer enemigo a derrotar?

 


La crisis económica, política, judicial que vive el país ha coincidido con un adelanto de los tiempos electorales, que ha traído como consecuencia la irrupción de muchos precandidatos presidenciales que han hecho una serie de propuestas de cambio para solucionar los problemas de nuestro país.

La mayoría de las propuestas se han concentrado en dos problemas de urgente e ineludible tratamiento, estos son los temas de la economía y del sistema judicial boliviano, en lo referente a la economía casi todos proponen cambiar el modelo económico, social, comunitario, productivo del actual gobierno por un modelo de libre mercado y en el tema del sistema judicial proponen cambiar el modelo de elección de magistrados por voto popular ya que en los hechos ha sido un fracaso, mucho más ahora que la justicia esta interfiriendo la gestión natural de las instituciones,, poniendo como ejemplo el tema de los auto prorrogados y las infinidad de obstáculos y zancadillas que ha tenido la preselección de candidatos a los órganos de justicia.

Entre los que quieren cambiar el modelo económico, se podría señalar que algunos simplemente quieren mejorar su administración, pero que en realidad no quieren cambiar el modelo económico, otros se limitan a señalar que achicarían el Estado y generarían ciertos incentivos para la empresa privada, cambiarían el tipo de subvenciones ciegas a los combustibles, alimentos por subvenciones dirigidas a quienes realmente lo necesitan, asimismo señalan que cerrarían todas las empresas deficitarias, pero mantendrían las empresas mal llamadas “estratégicas” como empresas estatales, luego están los liberales que quieren un cambio radical y platean reducir drásticamente el tamaño del Estado, privatizar todas las empresas del Estado, privatizar la educación, la salud, eliminar ministerios, reducir al 50% el número de empleados públicos, proteger la propiedad privada, etc.

En cuanto al déficit fiscal, existe cierta coincidencia en su eliminación, la diferencia esta en el ritmo o en la gradualidad en la que debe hacerse ese cambio, algunas plantean una política de shock, es decir que esta debe ser eliminada de manera inmediata y de un solo golpe, en cambio otros piensan que algunas de estas medidas deben hacerse de manera gradual, empezando por la eliminación de la subvención al Diesel, luego a la gasolina, luego reducir el número de empleados públicos, etc., de manera que no afecten significativamente a las capas más empobrecidas de nuestra sociedad, que es en ultima instancia la que sufrirá las consecuencias del desastre que nos dejan los gobiernos del MAS.

En cuanto a las propuestas de cambio en el sistema judicial, la mayoría plantea la eliminación de la elección de magistrados por voto popular y muchos plantean un retorno al sistema de elección en el seno de la asamblea legislativa como sucedía antes, en un franco retorno al modelo de cuoteo de magistrados, jueces y fiscales. Los famosos juristas independientes plantean que la primera etapa de preselección de candidatos sea realizada por un consejo de notables o una comisión de selección compuesta por entidades de la sociedad civil como colegios de abogados, de periodistas, universidades, sindicatos, etc., para que los preseleccionados sean nombrados por la asamblea legislativa y luego en una tercera etapa lo nombrados por diputados y senadores pasen a unas elecciones populares en los que se ratifique el nombramiento de realizado por los diputados y senadores toda una complicación absurda, finalmente otra propuesta plantea que ningún juez, fiscal o magistrado debe ser preseleccionado o nombrado por nadie y que el acceso a esos cargos sea por mérito propio mediante exámenes de competencia y en el marco de una carrera judicial que vaya desde los puestos inferiores hasta los puestos de magistrados, sin la participación de políticos o sindicatos, colegios de abogados periodistas, etc.,  

Sin embargo, un común denominador para llevar a cabo cualquier tipo de cambio, es que todas requieren una modificación de la Constitución Política del Estado que se ha constituido en un chaleco de fuerza que impide cualquier modificación del modelo económico o del sistema judicial o de educación etc., (aspectos que los analizaremos con más detenimiento en otros artículos), por tanto uno de los temas centrales de cualquier cambio, pasa necesariamente por una modificación constitucional, ahora la pregunta del millón es, si se necesita que esos cambios sea a través de simples modificaciones constitucionales o si se necesita llamar a una nueva asamblea constituyente para modificar de raíz la arquitectura legal, económica, política, social, educativa, etc., de la constitución del MAS.

 


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