Pongamos fin a la arbitrariedad judicial

 

El proceso de elecciones judiciales para renovar a los magistrados del órgano judicial y del tribunal constitucional está siendo objeto de una serie de artimañas y subterfugios que ha paralizado desde hace más de una año la renovación de dichos magistrados, las labores de la asamblea legislativa han sido interrumpidas, atacadas y suspendidas por acciones desde dentro y fuera de la propia asamblea con el único fin de mantener inconstitucionalmente a un grupo de magistrados auto prorrogados que ha hecho de los recursos, acciones, consultas, amparos, medidas cautelares, sentencias y declaraciones constitucionales un arsenal de destrucción de la institucionalidad del estado y de la democracia.

La asamblea legislativa no ha sabido responder a este ataque con las armas que la constitución y las leyes le otorgan y ha asumido los embates de manera impotente y poco proactiva y creativa, el diálogo y negociación ha estado ausente en la mayoría de los casos por miramientos, prejuicios ideológicos e intereses de corto plazo que ha devenido en su paralización casi completa, en mas de medio año de gestión parlamentaria no se ha aprobado leyes de ninguna naturaleza, lo único que se escucha o se ve de las sesiones parlamentarias son bochornosas escenas de pugilato, escupitajos y manotazos de gente desaforada e iracunda, que la desprestigia y debilita, a lo que lamentablemente hay que sumar hoy una entrega de celulares que no justifica.

El nuevo embate de los órganos judiciales del Beni, que paraliza la toma de exámenes a los candidatos y la velocidad con la que se admite el recurso y se imponen las medidas cautelares es digna de la fórmula uno, ya que el recurso se presento a las 4:30 y la resolución ya estaba para su notificación a las 18:00, lo que muestra fehacientemente que cuando se quiere obstaculizar el trabajo de la asamblea se lo hace sin el menor rubor, ni vergüenza.

Pero lo peor de todo está por venir, ya que una vez que se logre la preselección de candidatos, todavía falta una segunda etapa que son las elecciones judiciales por parte del órgano electoral en el que se pueden seguir interponiendo una infinidad de recursos constitucionales que paralicen definitivamente la realización de las elecciones judiciales, por tanto, dados estos antecedentes es necesario y urgente que la asamblea legislativa tome el toro por las astas y mediante un paquete legislativo modifique el Código de Procesal Constitucional, la Ley del Tribunal Constitucional, Ley del Régimen Electoral y otras destinadas a impedir que el tribunal constitucional y sus salas departamentales sigan con esta batalla judicial en contra de la realización de las elecciones judiciales.

Estas modificaciones al procedimiento y leyes electorales se tendrían que realizar, también en perspectiva de las elecciones nacionales del 2025, para que nadie este tentado a utilizar a los auto prorrogados, ni a ningún juez, fiscal o tribunal con demandas, recursos o acciones constitucionales, legales o de cualquier otro tipo, que impida el normal desenvolvimiento de las elecciones generales.

Los temas que me permito sugerir son, por ejemplo, plazos procesales, efecto de las medidas cautelares, plazos de impugnación, silencios administrativos, competencias, jurisdicciones, etc., que están relacionados a temas estrictamente procedimentales que no afecten derechos ni garantías constitucionales, pero que al mismo tiempo no permitan que nunca más se instrumentalice a los tribunales constitucionales para paralizar y en su caso anular la labor no solamente de la asamblea legislativa sino también del órgano electoral.

Dada esta dura experiencia de las elecciones judiciales, los asambleístas tendrán que aprovechar ese conjunto de modificaciones legislativas para impedir que nadie se atreva instrumentalizar medidas cautelares, declaraciones o sentencias, para inhabilitar o habilitar inconstitucional o ilegalmente candidatos, paralizar convocatorias, imponer cuotas, requisitos, etc., que desnaturalicen e inviabilicen las elecciones generales, la conducta del gobierno ha demostrado fehacientemente que esta dispuesto a todo con tal de imponer sus caprichos y al parecer, esta vez el pueblo boliviano no podrá contar ni con las fuerzas policiales, ni con las fuerzas armadas, para hacer respetar la institucionalidad democrática.