La sublevación militar del
Comandante General del Ejército, José Zuñiga, levanto una gran polémica sobre
si fue un golpe de estado o si fue un auto golpe, para el gobierno y sus
líderes políticos se trató de un intento de acortar el mandato legítimo de Luis
Arce, para otros, se trato de un simulacro de golpe de estado, al que
calificaron de auto golpe.
¿Cuál la
diferencia o la importancia de que sea un golpe o un auto golpe? Si el
resultado en términos democráticos es exactamente el mismo, el resultado es el
fin del estado democrático de derecho ya sea a manos de golpistas o en manos de
auto golpistas y eso es lo verdaderamente preocupante, lo que debemos
preguntarnos es ¿por qué hemos llegado a esta situación?
La respuesta
es compleja, son varios los factores determinantes, uno de ellos es la crisis
política, caracterizada por la polarización y división del MAS, falta de
dialogo y sobre todo la falta de liderazgo en el gobierno, que está tensionando
la sociedad y provocando una anomia social. La causa central de la crisis
política es la habilitación o inhabilitación de Evo Morales para las elecciones
del 2025.
El problema
político que tiene el gobierno y todo el país, es un problema al interior del
MAS, por tanto quienes tienen que resolver sus diferencia son los del MAS, la
misma que no pasa por manipular, presionar o instrumentalizar al tribunal
electoral, obligando a desconocer o reconocer a unos u otros, la solución pasa
por cumplir la ley de partidos políticos, sus propios estatutos y sobre todo
definir la situación jurídica del señor Evo Morales respecto a su habilitación
o inhabilitación definitiva para participar en las elecciones del 2025, porque
seamos claros, en términos estrictamente jurídicos el señor Evo Morales sigue
habilitado, ya que ni la opinión consultiva del Corte Interamericana de
Derechos Humanos es vinculante, ni la sentencia 1010/2023, lo inhabilita
directamente se necesita una sentencia que modifique expresamente la sentencia 0084/2017
en base a la opinión consultiva del CIDH y la sentencia 1010/2023, sin embargo
en términos políticos el señor Morales esta inhabilitado y esa resolución o
definición se esta dejando para que sea el Tribunal Electoral el que lo
resuelva y probablemente lo tenga que hacer en un momento de pleno desarrollo
del proceso electoral.
Resolver este
problema requiere en primer término realizar las elecciones judiciales, para
que sean los magistrados legalmente constituidos los que resuelvan
jurídicamente la inhabilitación o no de Evo Morales, solamente los magistrados
titulares tendrán la legalidad y legitimidad para determinar semejante embrollo,
el gobierno tiene que entender que esta definición no pueden hacerlo los auto
prorrogados, por que cualquier definición sobre este punto conlleva la
movilización de los seguidores de Morales y el gobierno y la oposición
democrática tiene que estar preparada para repeler cualquier intento de
desestabilización del gobierno y de la democracia.
Ahora si se
da el otro extremo de habilitar a Evo Morales, las movilizaciones se darán
desde las organizaciones de la sociedad civil, la oposición democrática y
probablemente desde el propio gobierno, en cualquiera de los casos la tensión
social y política se pondrá a prueba y lo ocurrido ayer podría repetirse
La resolución
de los problemas del país no pasa por la instrumentalización de unas
instituciones en contra de otras, sino todo lo contrario, los problemas del
país se irán resolviendo en la medida en que cada una de las instituciones cumpla
con la misión para la cual fueron creadas, las Fuerzas Armadas no esta para
defender gobiernos, sino para defender a la nación, los tribunales de justicia
no están para anular las funciones legislativas, sino para realizar el ideal de
justicia y el tribunal electoral no tiene la competencia para modificar o
ratificar la jurisprudencia que sobre la habilitación del señor Morales existe
en la actualidad, su labor es administrar las elecciones.
La democracia
esta en peligro y todos los ciudadanos bolivianos tenemos la obligación de
preservarla y defenderla, pero sobre todo, quienes tienen la ineludible
responsabilidad de protegerla, son los que hoy tienen en sus manos la dirección
de las instituciones del Estado.
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