Los
magistrados de los tribunales de justicia, constitucional, agrario y del
Consejo de la Magistratura el día 31 de diciembre de este año, cesaran
constitucionalmente sus mandatos y de hecho no habrá quien los reemplace en sus
cargos, a medida que se acerca ese fatídico día, las turbulentas aguas de la
Asamblea Legislativa Plurinacional, del órgano ejecutivo y también del órgano
judicial empiezan a agitarse de una manera cada vez más desesperada.
Todos los
actores de esta entramada, saben que el rio esta revuelto y muchos ven la
ocasión de sacar alguna ganancia a la situación. A tal punto hemos llegado que
los miembros del Tribunal Supremo de Justicia han planteado una consulta sobre
la constitucionalidad del proyecto de la Ley Transitoria para las Elecciones
Judiciales, paralizando el tratamiento de esa norma con el único fin de hacer
fracasar el ya fracasado nombramiento de magistrados por voto popular.
Mientras el
MAS tenía los 2/3 de votos para preseleccionar los candidatos a magistrados,
toda giraba sobre ruedas, el MAS aprovechaba la preselección de candidatos para
preseleccionar solamente a sus afines y dejar que el pueblo elija entre los
candidatos masistas ya previamente elegidos por el poder político. Ahora que el
MAS ya no tiene los dos tercios o sobre todo que su bancada está dividida y con
una oposición también dividida obtener 2/3 de votos es definitivamente
imposible.
Nos
encontramos ante el fracaso del diseño constitucional de nombramiento de
magistrados por voto popular y de su fórmula de preselección, elección y/o
nombramiento de jueces por parte del poder político que, en 200 años de vida
republicana, lo único que ha conseguido es subordinar al poder judicial a los
designios del poder político.
Frente a éste
desolador panorama se han presentado una serie de iniciativas de lo más
variopintas, sin embargo, existe una coincidencia entre todas ellas, el
objetivo es impedir a toda costa la prórroga de mandato de los actuales
magistrados, una de estas iniciativas es la anunciada por el presidente del
senado que plantearía el nombramiento de los magistrados suplentes a quienes se
les ha objetado señalando que son parte de los magistrados cuyo mandato fenece
junto a la de los titulares.
Comunidad
Ciudadana (CC) ha presentado algunas iniciativas de ley que permitan resolver
transitoriamente este gran problema, la última plantea el nombramiento de los
Vocales de los tribunales departamentales y jueces de grado mediante un sorteo,
hecho que le quita seriedad a la propuesta ya que a esas instancias la gente
debe llegar con aquilatados méritos personales.
La senadora
Silvia Salame también ha presentado su propuesta, sugiriendo que sea el
Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca asuma la gestión
administrativa de la justicia, pero el resto de los tribunales de justicia, las
salas constitucionales y la escuela de jueces sigan funcionando, no está muy
clara esta propuesta, ya que todo apunta a que lo que se quiere evitar es la
paralización del funcionamiento administrativo, sin embargo, lo esencial es la no
paralización de las causas judiciales.
El Dr. Israel
Quino plantea que la Asamblea Legislativa apruebe “una ley de suspensión de
plazos procesales”. Esta norma serviría para que la carga procesal que llegue a
los máximos tribunales del Órgano Judicial en Sucre, no prescriba en el tiempo,
aspecto con el que concuerdo plenamente, porque de mantener los plazos
procesales vigentes daría lugar a que muchas causas no solamente prescriban en
su procesamiento, sino que como efecto de esas prescripciones se conculquen
injustamente derechos o se adquieran obligaciones.
El ex
ministro de justicia Dr. Carlos Goitia plantea que los Tribunales
Departamentales de Justicia serían quienes identifiquen y designen a los
actores interinos hasta que se realice la elección judicial o invitar a
profesionales en ejercicio libre de la profesión o la docencia, asimismo
propone que en el marco de la independencia de poderes, generar una norma a
través de una resolución en Sala Plena emitida por cada uno de los tribunales
departamentales, para efectivizar dicho nombramiento, al parecer esta propuesta
no solamente se quiere saltar todas las instancias de ley, sino darle al poder
judicial una potestad que va más allá de sus funciones.
Algunos
abogados constitucionalistas han señalado que cualquier ley o decreto supremo,
que nombre a los magistrados de los tribunales de justicia serán
inconstitucionales ya que la constitución solamente tiene un camino preciso
para esta clase de nombramientos, sin embargo olvidan que desde las cero horas
del día 1° de enero del 2024, habrá un vació legal, constitucional y fáctico,
ya que lo establecido en la constitución no se habrá cumplido y se abrirá la
posibilidad de que mediante una ley, un decreto supremo, etc., se puedan
nombrar magistrados interinos sin vulnerar en absoluto la Constitución Política
del Estado, ya que lamentablemente la constitución no ha previsto absolutamente
nada en estos casos y estaremos frente a un caso fortuito lo que exime a
quienes dicten la ley o el decreto supremo de cualquier responsabilidad, tal
como señala nuestra jurisprudencia, establecida en la Sentencia Constitucional
Plurinacional 0233/2018-s2 de 28 de mayo de 2018.
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