Gustavo Blacutt Alcalá

  L os Juristas Independientes han propuesto una reforma del sistema judicial a través de la reforma parcial de la Constitución mediante referendo por iniciativa popular. Para este fin, han presentado ante el Tribunal Electoral cuatro preguntas para su aprobación en el mencionado referendo. Sin embargo, las modificaciones que plantean exceden las cuatro preguntas del referendo, por ello, en la última parte de las 3 primeras preguntas hay un parágrafo que señala: “Para ello se incluirá un nuevo artículo en la Constitución Política del Estado y se modificarán los artículos 178, 179, 181, 182, 183, 187 190, 191, 192, 193, 194, 195 197, 198 y 227”. El Tribunal Electoral ha aprobado las cuatro preguntas, incumpliendo los artículos 15 y 19 de la Ley del Régimen Electoral, que señalan: “artículo 15. Las decisiones adoptadas mediante Referendo tienen vigencia inmediata y obligatoria, y son de carácter vinculante. Las autoridades e instancias competentes son responsables de su oportuna y ef...

  L a reforma del sistema jurídico en la Constitución del 2009, parte de la premisa que el problema central de la justicia en Bolivia es la colonialidad institucional, en consecuencia, se propone descolonizar el derecho y nacionalizar la justicia. Para lograr estos dos propósitos, plantea hacerlo revalorizando la Justicia Indígena Originaria Campesina (JIOC), como el modelo que permita transformar la justicia ordinaria, para ello presenta a la JIOC con cualidades idealizadas, capacidades emancipadoras extraordinarias y a sus operadores como personas justas y sabias en el conocimiento de saberes jurídicos ancestrales. Concordante con las anteriores premisas, en los artículos 182, 187, 197, 199 de la Constitución, se establece que la preselección de candidatos a magistrados se hará con “criterios de plurinacionalidad” y se deberá tomar en cuenta la calidad de autoridad originaria en la calificación de méritos, con el fin de que la interpretación jurídica de los derechos y garantías d...

  L a Constitución del 2009, tiene una clara inspiración ideológica indigenista, que plantea la construcción de un Estado Plurinacional Comunitario, en un intento de dejar en el pasado el Estado monocultural, occidentalizado, capitalista, modernizador y cristiano. Junto a la ideología indigenista conviven otras ideologías, que plantean reivindicaciones étnicas, socialistas, comunistas, de género, ambientalistas, “pachamamistas”, etc., que cuestionan el poder hegemónico y unipolar de las democracias occidentales y del sistema capitalista. La ideología de género y sus reivindicaciones están presentes en la Constitución del 2009, especialmente en ese leguaje inclusivo de género y en la representación política con equidad o paridad de género, especialmente en la conformación de las asambleas legislativas a nivel nacional y departamental. La propuesta de reforma del sistema judicial de Comunidad Ciudadana, mantiene el lenguaje inclusivo de género y se plantea ampliar la participación de...

  E l 30 de noviembre de 2020, Comunidad Ciudadana presentó su propuesta de reforma del sistema judicial, muy similar a la propuesta del Movimiento Demócrata Social, que ya vimos en un anterior artículo. La propuesta consiste en la creación de una Comisión de Notables, compuesta por organizaciones sociales que tienen la función de preseleccionar ternas de candidatos a magistrados y fiscales, para que la Asamblea Legislativa elija a dichos magistrados y fiscales. A diferencia del Movimiento Demócrata, plantean que una vez electos los magistrados y fiscales, éstos serían sometidos a un referendo aprobatorio o de rechazo por parte de la ciudadanía en general, en caso de que en el referendo se rechace la elección realizada por la Asamblea Legislativa se volvería a iniciar todo el proceso de preselección, selección y referendo de nuevos magistrados y fiscales. Un año más tarde los Juristas Independientes plantean prácticamente lo mismo que Comunidad Ciudadana, con pequeñas diferencias m...

  L as nuevas propuestas de reforma del sistema judicial han insistido en la creación de Centros de Paz y Jueces de Paz, con el fin de garantizar el acceso a la justicia, que sin duda es uno de los derechos más importantes de todo ser humano. Los Jueces de Paz existieron desde la primera Constitución Política de Estado de 1826, que en el artículo 117 señalaba: “habrá jueces de paz en cada pueblo para las conciliaciones; no debiéndose admitir demanda alguna civil o criminal, sin este previo requisito”. Luego, a partir de la Ley de Organización Judicial de 1857, pasaron a llamarse Alcaldes de Barrio, nombrados por los Consejos Municipales y que resolvían los conflictos vecinales mediante juicios verbales, sin más requisitos que la demanda y sin ningún recurso ulterior. Los Alcaldes de Barrio fueron eliminados en la Ley de Organización Judicial de 1972, porque al no tener soporte económico del Estado, cobraban sus honorarios a los ciudadanos que solicitaban sus servicios, alterando y ...

  U no de los planteamientos novedosos en las propuestas de reforma de sistema judicial de los últimos tiempos, es el de asignar recursos económicos a la denominada “justicia indígena originaria campesina” Comunidad Ciudadana fue la primera organización en plantear la asignación de un presupuesto, señalando “El Consejo de la Magistratura asignará una partida específica para la infraestructura y funcionamiento de la jurisdicción indígena originario campesina, que será administrada y ejecutada por sus propias autoridades”. Los Juristas Independientes proponen el fortalecimiento de la jurisdicción indígena y otorgarle un presupuesto para este fin, concretamente señalan “El Estado promoverá y fortalecerá la jurisdicción de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, brindando el apoyo necesario. Para ese efecto, el Consejo de la Magistratura, dentro del presupuesto del Órgano Judicial, asignará una partida presupuestaria para el desarrollo de las actividades de dicha jurisdi...

  U na de las críticas con las que el MAS justificó la reforma del Sistema Judicial en la Constitución del 2009, fue que las autoridades del Poder Judicial se elegían entre los allegados o partidarios de los tres o cuatro partidos políticos de la democracia pactada mediante el cuoteo de los cargos. Se señalaba que esta forma de elección cupular era la causa central de la dependencia política de los operadores de justicia, por ello plantearon la elección de los jueces a través del voto popular, para poner fin al sistema de “cuotas políticas” y que sea el pueblo boliviano el que elija a las altas autoridades del Poder Judicial. Para Chivi Vargas el voto directo constituía “una revolución copernicana en materia de independencia judicial”. La reforma del 2009 establece que la Asamblea Legislativa preseleccionará a los candidatos a las más altas autoridades del Poder Judicial por 2/3 de votos, para que luego el pueblo boliviano elija a dichas autoridades mediante voto popular. Al tener ...

  E l Tribunal Electoral en consulta con los Juristas Independientes acaban de aprobar las preguntas del referendo para modificar la Constitución Política del Estado que reformará el sistema judicial. Para conocer dicha propuesta me permitiré ir desgranando poco a poco en qué consiste la reforma que nos plantean y si con esa reforma se logrará resolver los graves problemas del sistema judicial. En la primera pregunta del referendo plantean la creación de una “Comisión Nacional de Postulaciones (CNP) de funcionamiento permanente ... integrada por nueve miembros que cumplirán funciones por 10 años” cuya única función es convocar y seleccionar cada tres años a los postulantes a las más altas autoridades del Poder Judicial. La CNP estaría conformada por 9 miembros de los cuales 2 serían designados por la Asamblea Legislativa; 2 por los decanos de las carreras de Derecho; 2 por las asociaciones de periodistas, trabajadores de la prensa y Asociación Nacional de la Prensa; 1 por los Coleg...

  C omo comentamos anteriormente, la crisis del sistema judicial no es reciente y aún persiste. Al inicio de la gestión del presidente Lic. Luis Arce, el ministro de justicia Iván Lima señalaba a la prensa nacional que el gobierno impulsaría una reforma del sistema judicial que abordaría los siguientes aspectos “El primero es la elección de jueces por voto popular, el segundo me parece estructural y es garantizar a Bolivia una carrera judicial independiente de jueces imparciales, hay que blindarlo en la Constitución”. Para este fin creó una “Comisión de reforma a la justicia” conformada por diez abogados de alto prestigio académico, con el fin de liderar las reformas, lamentablemente dicha comisión se disolvió. Al poco tiempo el ministro Lima presentó otra estrategia que consistía en la aprobación de 6 leyes, en las que no se consideraba la modificación de la elección de jueces por voto popular, ni la independencia de los mismos, ni la modificación de la Constitución. Casi todas la...

  A ntes de la llegada del Movimiento Al Socialismo al poder, la falta de respeto a los derechos humanos tenía su más dramática constatación en ese 85 a 90% de la población carcelaria que sufría detención preventiva. En la actualidad la detención preventiva ha bajado al 64%, aproximadamente, pero no porque exista mayor eficiencia en la gestión de los procesos penales, sino que en gran parte ese 20% ha sido sustituida por el arresto domiciliario, que es otra forma de detención preventiva. La presunción de culpabilidad, está íntimamente ligada a la detención preventiva, el Código Criminal de 1834 señalaba: “Comete delito el que libre i voluntariamente, i con malicia hace u omite lo que la leí prohíbe o manda bajo alguna pena. En toda infracción libre de la leí se entenderá haber voluntad i malicia, mientras que el infractor no pruebe, o no resulte claramente lo contrario” (Sic) por tanto la presunción de culpabilidad implicaba el arresto, como se le llamaba a la detención preventiva....

  E l Código penal y su procedimiento deben merecer un tratamiento especial en su elaboración, aprobación e implementación, por sus efectos trascendentales en la vida, la libertad, el honor, la privacidad y el patrimonio de las personas, que repercuten en la convivencia armónica y pacífica en un Estado de derecho. En los regímenes autoritarios y antidemocráticos, una de las principales armas de represión y disciplinamiento social, es el uso y abuso de las normas penales en contra de cualquier disidencia social. La dictadura de Hugo Banzer impuso un Código Penal con una orientación claramente inquisitiva, en el cual los jueces acusaban y juzgaban al mismo tiempo. En el periodo de la democracia pactada, se dio el más serio intento de transformar la justicia penal en el marco de un Estado de derecho con la aprobación del Código de Procedimiento Penal en el que la acusación estaba a cargo de la fiscalía y el juzgamiento a cargo de tribunales escabinados, compuestos por jueces ciudadano...

  C uando en 1542, el rey Carlos V dispuso en las nuevas leyes que “los pleitos entre indios o con ellos se determinasen guardando sus usos y costumbres, siempre que no fuesen claramente injustos”, no cabe la menor duda que detrás de esa decisión estaba el rechazo del Rey de integrar a los indígenas dentro de la institucionalidad de la corona y el cálculo económico que significaba prestar el servicio de justicia a quienes ni siquiera consideraba sus súbditos. Las élites del periodo republicano heredaron ese mismo razonamiento y nunca estuvieron dispuestos a gastar un centavo en el servicio de justicia para lo que ellos llamaban “la indiada” y optaron por ignorar a esa gran mayoría de ciudadanos. La revolución del 52, incorporó a los campesinos a la vida económica, política y social del país, la reforma agraria estuvo acompañada por la creación del Consejo Nacional de Reforma Agraria que cumplía funciones administrativas y jurisdiccionales, entre estas últimas, intervenía en los pro...

  L a carrera judicial que propusimos en el anterior artículo no es suficiente para lograr la independencia de los funcionarios judiciales, por esta razón planteamos la creación del Gobierno del Poder Judicial (GPJ), que tenga como objetivo central la defensa y protección de la independencia de los funcionarios judiciales. Para lograr este objetivo, esta institución será la máxima autoridad política y administrativa del Poder Judicial, pero sin jurisdicción, ni competencia para administrar justicia. Los miembros del GPJ no serán jueces, ni magistrados, ni fiscales, etc., serán profesionales de las áreas administrativas, financieras, tecnológicas, etc., cuyas competencias serán: de representación del Poder Judicial ante cualquier institución pública o privada, nacional o extranjera; de administración general; de gerencia financiera; de la formulación de políticas públicas; responsable del régimen disciplinario; responsable de la gestión de la carrera judicial. En su función de repre...

  L a falta de independencia de los funcionarios judiciales empieza el momento en el que jueces, fiscales, magistrados, vocales, etc., son preseleccionados, elegidos o nombrados por alguien. Tal como vimos en anteriores artículos, el nombramiento de jueces y fiscales siempre estuvo reservado al poder político. Por ello nuestra propuesta está basada en el principio de que nadie debe elegir a nadie y mucho menos el poder político; proponemos que todos los cargos del Poder Judicial tienen que ser fruto de una carrera judicial donde el ingreso, ascenso, permanencia y desvinculación sean resultado exclusivo de los méritos académicos, profesionales y éticos de funcionarios judiciales. Para lograr el anterior objetivo, proponemos que los profesionales abogados empiecen una carrera judicial a partir de los cargos más inferiores del Poder Judicial, como ser los auxiliares de fiscal o secretarios de juzgado y culmine en las más altas autoridades del Poder Judicial; es decir, culmine en los c...