Uno de los planteamientos novedosos en las propuestas de reforma de sistema judicial de los últimos tiempos, es el de asignar recursos económicos a la denominada “justicia indígena originaria campesina”
Comunidad Ciudadana fue la primera organización en plantear la asignación de un presupuesto, señalando “El Consejo de la Magistratura asignará una partida específica para la infraestructura y funcionamiento de la jurisdicción indígena originario campesina, que será administrada y ejecutada por sus propias autoridades”.
Los Juristas Independientes proponen el fortalecimiento de la jurisdicción indígena y otorgarle un presupuesto para este fin, concretamente señalan “El Estado promoverá y fortalecerá la jurisdicción de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, brindando el apoyo necesario. Para ese efecto, el Consejo de la Magistratura, dentro del presupuesto del Órgano Judicial, asignará una partida presupuestaria para el desarrollo de las actividades de dicha jurisdicción”
La asignación de recursos económicos a la justicia ordinaria, está perfectamente justificada, porque implica una serie de gastos, en salarios, infraestructura, servicios, mantenimiento, etc., sin embargo, la asignación de recursos a la jurisdicción indígena no está nada clara.
Si revisamos las características de la jurisdicción indígena, difícilmente encontraremos una justificación para asignar recursos estatales para su funcionamiento. Para empezar es importante señalar que no existe una jurisdicción indígena, sino que existen muchas jurisdicciones indígenas, nadie se atrevería a señalar con precisión cuántas jurisdicciones existen, autores como María Eugenia Choque, René Chuquimia, Martín Bazurto, Santiago Puerta, Marcelo A. Quelca y muchos otros autores han realizado estudios en diferentes comunidades campesinas en las que se aplica la “justicia indígena” y cada una de estas comunidades tiene un sistema propio de resolución de conflictos, cuyas normas, procedimientos y jurisdicción son diferentes unas de otras, son jurisdicciones que imponen sus mandatos con independencia una de la otra, por tanto hablar de una jurisdicción indígena originaria campesina, no parece ser lo más aproximado a la realidad.
Otra de las características de la organización de los pueblos originarios campesinos, es que el ejercicio de la autoridad comunal, no solamente se reduce al ámbito político, sino que este se extiende a los ámbitos, sociales, jurídico, educativo, productivo, etc., por lo que sería imposible diferenciar a que rublo se estaría financiando.
Por otra parte, las poblaciones donde se aplica la “justicia indígena” generalmente tienen un número muy reducido de habitantes, es decir son poblaciones con más o menos 50, 100, 200 o 500 habitantes, por lo que asignar un presupuesto para este tipo de poblaciones tan pequeñas y dispersas obligaría al Estado a crear una burocracia descomunal, ya que se trata de recursos públicos que tienen que tener un control y fiscalización pormenorizada para evitar casos de corrupción o mala utilización de dichos recursos.
La gratuidad de la justicia indígena, es una de las características positivas que más destacan los conocedores de estos sistemas, ya que permite a sus usuarios resolver sus conflictos sin tener que pagar a nadie por esos servicios, esto solamente es posible, si comprendemos la naturaleza en la que se desarrollan sus actividades. La denominada “justicia indígena” ante todo es un mecanismo de resolución de conflictos, que generalmente se desarrolla con la denuncia del afectado, la convocatoria a las partes para escuchar ambas versiones del conflicto y su resolución en una única audiencia o reunión en la que la autoridad da su veredicto que debe ser acatada por las partes, es un mecanismo que solamente se activa para el caso concreto que debe tratarse. Por lo que razonablemente no veo en qué se podrían utilizar esos recursos.
Seguramente la asignación presupuestaria que plantean debe tener algún objetivo o meta, sin embargo, los planteamientos son muy genéricos, sería interesante que Comunidad Ciudadana y los Juristas Independientes nos ilustren cómo se utilizarían los recursos de nuestros impuestos, cuidado que la asignación de recursos en vez de mejorar, distorsione la gratuidad del servicio y además afecte otras áreas del sistema de organización de las poblaciones indígenas.
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