Propuesta de reforma del sistema judicial: bases teóricas

 

El sistema judicial es un conjunto integrado de instituciones, actores, normas y procedimientos, que se articulan a la luz de los principios y valores establecidos en la Constitución Política del Estado, que dan coherencia a todo el sistema; por ello, para reformar el sistema judicial, además de resolver sus problemas intrínsecos, tiene que verificarse si existe coherencia ideológica, para que el sistema judicial cumpla con su objetivo primordial que es la realización del ideal de justicia. Por tanto, los objetivos institucionales deben ser compatibles y con una única lógica jurídica.

Por esta razón, la reforma del sistema judicial que proponemos está articulada a la luz de los valores de libertad individual e igualdad de todos ante la ley.

La noción de libertad que guía nuestra propuesta es aquella en la que el individuo tiene la capacidad y la facultad de decidir, de hacer o no hacer algo voluntariamente sin más restricciones que el respeto de la ley y la libertad de otros. En el ámbito del derecho, la libertad se expresa a través de una serie de derechos fundamentales como la libertad de expresión, de reunión, de movimiento, de elección, de organización, de participación, de asociación, etc. La libertad requiere para su ejercicio ciertas condiciones de no interferencia del Estado en unos casos y en otros la intervención del Estado que facilite el ejercicio libre de la voluntad o el derecho; en ese sentido, su intervención está legitimada respecto a los derechos sociales, económicos y

culturales.

La igualdad jurídica que guía nuestra propuesta es la igualdad de todos ante la ley, sin distinción de sexo, raza, edad, origen, cultura, nacionalidad, idioma, credo, ideología, estado civil, condición económica o social, etc., sin privilegios, sin exclusiones, ni excepciones jurídicas que desnaturalicen la igualdad jurídica. Esto implica una modificación en la Constitución Política del Estado y en las leyes relacionadas.

Proponemos que los valores de libertad individual e igualdad de los ciudadanos ante la ley, deberán ser los criterios que guíen los cambios al sistema a lo largo del tiempo, así como la interpretación judicial en aquellos casos donde se presente un vacío legal, una colisión de derechos o una contradicción legal, para alcanzar la realización del ideal de justicia.

El sistema judicial es demasiado amplio, alcanza todos los aspectos de la vida social e individual de los ciudadanos; por esta razón, nuestra propuesta solamente abarca los aspectos más urgentes para resolver la actual crisis del sistema judicial, tales como la no independencia de los funcionarios judiciales respecto de los poderes económicos, políticos y sociales, la retardación de justicia, el paralelismo de las justicias indígenas originarias campesinas, la carrera judicial, la representación del Poder Judicial, la gestión administrativa y disciplinaria, la división bipartita del Código Penal, con una directa relación en el procedimiento penal, la seguridad jurídica, la publicidad de los juicios y otros aspectos

puntuales.

Nuestra propuesta se enfoca en primer término a modificar el diseño de la estructura del Poder Judicial, la misma que estará orientada a preservar y defender el estado democrático de derecho, la libertad individual, la igualdad jurídica, la seguridad jurídica y la independencia de los funcionarios judiciales.

Asimismo, abarca aspectos de otras instancias que intervienen de forma directa o indirecta en el proceso de administración de justicia, como: el Poder Legislativo, la fiscalía, la policía, los abogados, los peritos, los litigantes, las víctimas, los terceros damnificados, los institutos de investigación, las universidades, la prensa, etc.

Por otra parte, proponemos que la reforma no se debe reducir al orden institucional, normativo o procedimental, sino debe incluir el proceso de implementación de las reformas; de ahí la importancia de trabajar en el tejido social para alcanzar los más amplios consensos, para el éxito de las reformas.

Finalmente, asuntos como la infraestructura, el presupuesto, el equipamiento y la tecnología, deben tomarse en cuenta en el diseño e implementación de las reformas, ya que la norma por sí sola no es capaz de garantizar el éxito de los cambios.

(Este es el duodécimo artículo de un ciclo de escritos en el que expondremos una propuesta de reforma del sistema judicial)