Como comentamos anteriormente, la crisis del sistema judicial no es reciente y aún persiste. Al inicio de la gestión del presidente Lic. Luis Arce, el ministro de justicia Iván Lima señalaba a la prensa nacional que el gobierno impulsaría una reforma del sistema judicial que abordaría los siguientes aspectos “El primero es la elección de jueces por voto popular, el segundo me parece estructural y es garantizar a Bolivia una carrera judicial independiente de jueces imparciales, hay que blindarlo en la Constitución”. Para este fin creó una “Comisión de reforma a la justicia” conformada por diez abogados de alto prestigio académico, con el fin de liderar las reformas, lamentablemente dicha comisión se disolvió. Al poco tiempo el ministro Lima presentó otra estrategia que consistía en la aprobación de 6 leyes, en las que no se consideraba la modificación de la elección de jueces por voto popular, ni la independencia de los mismos, ni la modificación de la Constitución.
Casi todas las nuevas propuestas de reforma del sistema judicial, incluyen una reforma parcial de la Constitución, porque casi todas descartan la elección de magistrados por voto popular.
La reforma del sistema judicial que planteamos implica una reforma de la Constitución y la podemos resumir en los siguientes puntos:
1. Cambio de los principios y valores del sistema judicial.
2. Descarta todo tipo de preselección, elección, nombramiento de las autoridades del Poder Judicial, bajo el principio que nadie debe elegir a nadie.
3. La carrera judicial debe ser la base de la independencia de todos los funcionarios del poder judicial.
4. La creación del Gobierno del Poder Judicial, como órgano encargado de velar por la independencia de los operadores de justicia.
5. Rechaza la exclusión jurídica de los pueblos indígenas mediante el apartheid jurídico que representa las JIOCs.
6. Tratamiento especial en la aprobación y modificación de las leyes penales.
7. Eliminación de la imprescriptibilidad y retroactividad de la ley.
8. Ampliación de los Juzgados mixtos.
9. Vigencia de un único sistema judicial.
10. Eliminar el requisito de hablar dos idiomas oficiales, para acceder al desempeño de la función pública.
11. Eliminar todo tipo de privilegio o restricción para acceder a la función pública.
Hasta ahora las estructuras del sistema judicial han estado orientadas a legalizar y legitimar el poder político de turno, que ha impedido una verdadera independencia de los operadores de justicia; por estas razones, para alcanzar la independencia del Poder Judicial y de los operadores de justicia, proponemos que el sistema judicial esté orientado a la defensa y protección del ciudadano como individuo libre e igual en derechos y garantías, sin discriminaciones ni privilegios para nadie, una sociedad en la que todos los ciudadanos sin excepción estén bajo el paraguas de un solo sistema judicial con todas las garantías y derechos fundamentales que la humanidad ha conquistado, donde las prácticas deshonrosas, violentas e injustas no tengan cabida en su normativa, donde el derecho consolide y proteja el sistema democrático y no sea un arma de lucha ideológica para imponer una visión autoritaria y antidemocrática.
Cuando planteamos que la reforma judicial esté asentada en los valores de libertad individual e igualdad de todos ante la ley, implica cambiar los valores de la Constitución, porque los valores de la justicia no pueden ser diferentes de los valores de la Constitución; el sistema judicial es el garante de la vigencia y aplicación de la Constitución y las leyes, por tanto sería incongruente que la Constitución busque la construcción de una sociedad indígena comunitaria y el sistema judicial esté garantizado y aplicando todo lo contrario; en ese sentido, y de acuerdo con la propia Constitución, nuestra propuesta únicamente puede llevarse a cabo mediante una Asamblea Constituyente.
Por esta razón, esta propuesta de reforma del sistema judicial es también una propuesta de una nueva Constitución Política del Estado que defienda y proteja al ciudadano, en el que las normas constitucionales, las leyes, los símbolos, los derechos, las garantías, los deberes y obligaciones, sean las mismas e iguales para todos los bolivianos sin excepción.
(Éste es el decimoctavo artículo de un ciclo de escritos en el que exponemos una propuesta de reforma del sistema judicial).
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