La crisis del sistema judicial ha motivado a los partidos políticos que participaron en las elecciones de 2019 y en las de 2020 a presentar propuestas de reforma del sistema judicial. Asimismo, en los últimos meses de 2021 Comunidad Ciudadana y otras personalidades han presentado propuestas que reflejan la gran preocupación de nuestra sociedad sobre la crisis del sistema judicial.
Todas las propuestas son muy parecidas a la originalmente presentada por el Movimiento Demócrata Social en las elecciones del 2016, con pequeñas diferencias de matiz o de redacción. Todas plantean la creación de un comité de preselección de candidatos, que unos la llaman Comisión Técnica de Alto Nivel, Comisión Nacional de Postulaciones, Consejo de Notables, Comisión o junta de selección, etc. Estas comisiones estarían conformadas por poderes políticos fácticos como los colegios de abogados, comités cívicos, universidades, facultades de Derecho, instituciones de la sociedad civil, etc. Todas las comisiones o juntas tendrían la misión de convocar y evaluar los méritos académicos y profesionales, entrevistar y preseleccionar a los candidatos que luego pasarían a la Asamblea Legislativa, que tendría la misión de elegir por 2/3 de votos a los magistrados de los distintos tribunales y al fiscal general, con excepción de la propuesta “Justicia: Este es el Camino” que plantea que una vez preseleccionados los candidatos estos pasarían directamente a su elección mediante voto popular.
Comunidad Ciudadana y los Juristas Independientes plantean que una vez elegidos los magistrados y el fiscal general en la Asamblea Legislativa, se pase a una tercera etapa consistente en un referéndum confirmatorio de la elección realizada en la Asamblea Legislativa. En el caso de que las listas sean rechazadas se procedería a un nuevo proceso de preselección, selección, nombramiento y referéndum aprobatorio.
Por otra parte, los Juristas Independientes plantean que los magistrados durarán en sus cargos nueve años y su renovación se realizaría de manera parcial, por tercios y cada tres años.
Como se puede observar, estos nuevos planteamientos son un eterno retorno a las fórmulas de preselección y elección de las altas autoridades del Poder Judicial por parte de los miembros del poder político.
Por otra parte, mantener la elección por 2/3 en la Asamblea Legislativa significa que los partidos políticos inevitablemente tienen que ponerse de acuerdo o entrar en negociaciones para elegir a los preseleccionados, de lo contrario no hay posibilidad de elegir a ningún candidato, tal como se demostró en la última elección del Defensor del Pueblo, lo que significa que la fórmula de los 2/3 es un regreso al cuoteo político de siempre, es el regreso al tan criticado cuoteo de la democracia pactada.
La propuesta de los referéndums ratificatorios es un mecanismo similar al voto popular con la diferencia que, en los referéndums no existe la posibilidad de elegir entre los preseleccionados por la Asamblea Legislativa, la única opción es aprobar o rechazar las nóminas de los “ya elegidos” en realidad el referéndum que proponen es un plebiscito a fardo cerrado de los “ya escogidos”. Esto significa que el pueblo no elegiría y solamente legitimaría a los ya elegidos. Además, con un exceso de gastos públicos y con el peligro de que, en caso de rechazo, entremos en una cadena de referéndums cada año o cada 6 meses.
En todas las propuestas, lo único que cambia es el orden de quienes preseleccionan y quienes seleccionan, tal como se viene haciendo desde hace 200 años, lo que no cambia es que la elección de magistrados y fiscales está siempre reservada al poder político. Las comisiones de alto nivel o de notables, al estar conformadas por colegios de abogados, comités cívicos, universidades, etc., sigue la misma lógica que los partidos políticos, es decir se preselecciona a los amigos o allegados políticos, ya que todas estas instituciones de la sociedad civil están íntimamente ligadas a los partidos políticos o por lo menos a ciertas tendencias políticas afines o contrarias políticamente al gobierno.
La única novedad es la planteada por los Juristas Independientes, de recolectar más de 1.200.000 firmas para una reforma parcial de la Constitución.
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