Vivimos una
etapa de incertidumbre e inestabilidad económica, política y social,
caracterizada, por la falta de dólares, la susceptibilidad con relación al
sistema bancario, la incredulidad respecto a los indicadores económicos del
gobierno, la preocupación por la descarnada confrontación al interior del MAS, el
desánimo por la falta de un proyecto político alternativo, la desconfianza en
el órgano electoral, así como en otras instituciones y la profunda preocupación
por la creciente corrupción y descomposición social. Esta angustia común en la
sociedad boliviana, está socavando la convivencia democrática y pacífica de
nuestra sociedad.
La crisis
política iniciada el 2013 con la repostulación inconstitucional de Evo Morales luego
fue profundizada con el desconocimiento de los resultados del referendo del
2016 y dinamitada con el fraude del 2019, con la llegada del presidente Luis Arce
al poder la crisis política no se ha superado porque el MAS se ha transformado
en un simple proyecto de poder, cuya única aspiración es prolongarse en el
gobierno.
Esta
situación de crisis puede desembocar en enfrentamientos de las fuerzas
políticas y sociales que podrían derivar en situaciones de violencia y descontrol
de consecuencias catastróficas para nuestro país, situaciones que se los
ciudadanos debemos evitar a toda costa.
Las
libertades democráticas penden de un hilo y siguen vigentes las normas
antidemocráticas del juego electoral. Por ello más que nunca se necesita reformar
los mecanismos democráticos de la participación política ciudadana, una de
ellas esta referida a las reglas electorales con las que se deben encarar la
elección de autoridades nacionales, departamentales y municipales. Las elecciones
de nuestras autoridades deberían ser una auténtica fiesta democrática, eso
significa que no deberíamos permitir que el fraude del 2019 se repita y para
ello debemos tomar todos los recaudos necesarios que eviten una situación así.
Es necesario
abrir un amplio debate sobre los cambios que se necesitan en la ley del régimen
electoral y en la ley de partidos políticos, de manera que se lleguen a unos
consensos mínimos pero esenciales, que permitan que la participación de todos
los partidos y organizaciones políticas se de en un marco de equivalencia de
condiciones, en el que las reglas del juego electoral sean iguales para todos
los participantes.
El debate
sobre cuáles son las reglas de juego democrático que requieren ser cambiadas
debe iniciarse inmediatamente y no esperar hasta el último momento y mucho
menos cuando se inicien los tiempos electorales que politicen y contaminen los
urgentes cambios y reformas que se necesitan introducir en las leyes
electorales.
Entre estas
reformas, a manera de sugerencia y sin orden de prioridad me atrevo a
enumerarlas: 1. Nacionalidad de los candidatos, no es congruente que los
comandantes del ejército o el
viceministro de defensa tenga que ser bolivianos de origen y el presidente del
Estado no, siendo además, que es el capitán general de las fuerzas armadas; 2. Primarias
solamente, cuando haya dos o más candidatos, no es lógico ni económico que haya
primarias únicamente con un candidato; 3. Control electoral nacional e
internacional; 4. Recuento manual de votos en todos aquellos casos en que existan
observaciones; 5. Financiamiento de los partidos políticos; 6. Un voto un
ciudadano; 7. Prohibición de propaganda gubernamental e institucional 6 meses
antes de las elecciones; prohibición de inhabilitación de candidatos por
revelación de encuestas.
Seguramente
existen otras propuestas de modificación, que pueden ser debatidas y
consensuadas para garantizar la transparencia del voto de ciudadano, es de
vital importancia que todos los actores políticos lleguen al 2025 en igualdad
de condiciones y sobre todo se evite cualquier irregularidad en el proceso de
elección ciudadana y en caso que se presenten existan las garantías y recursos
jurídicos para su pronta y oportuna corrección.
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